José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, aseguró tener “serios y fundados temores”

Con una oración a San Francisco, el saliente secretario general de la Cancillería dijo tener “serios y fundados temores” de que están “tratando de difundir que yo no actúo solo”.

Esas declaraciones fueron hechas el miércoles 28 de febrero en un pronunciamiento a varios medios de comunicación en el Palacio de San Carlos, en donde el exfuncionario se refirió a su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de haber causado la furia del presidente Gustavo Petro al adjudicarle el contrato de impresión de pasaportes a la cuestionada firma Thomas Greg & Sons.

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“Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde hay duda, Fe. Donde haya desesperanza, esperanza, Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, alegría...”, expresó.

Según dijo Salazar, desde su destitución y declaratoria de insubsistencia, el lunes pasado, no ha vuelto a hablar con el jefe de Estado, que además lo acusó de traición. El exfuncionario asegura que actuó siguiendo la ley y que lo único que hizo fue cumplir con su deber, manifestando que nada está por encima de eso.

También le respondió al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, que dijo que él no tenía las facultades de otorgarle el contrato a la mencionada firma y que, por tanto, la adjudicación seguirá suspendida: aseguró que Murillo está inhabilitado para ejercer cargos públicos debido a que fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado, y que no puede ejercer como canciller encargado porque es ingeniero de Minas y no abogado, como lo establece el artículo 122 de la Constitución colombiana.

Salazar estuvo visitando en la mañana del miércoles el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, para dejar todo listo para entregar su cargo. Confirmó que en su despacho ya se instaló Paola Andrea Vásquez, que se encargará de reemplazarlo en su cargo como secretario general.

Ahora cuenta con diez días para dejar definitivamente su puesto y presentar un informe acerca de su gestión durante el tiempo que trabajó para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, aseguró que ha sido víctima de hostigamientos para que se vaya cuanto antes.

“Como funcionario público, las disposiciones legales me dan un término de diez días para hacer entrega del cargo, pero desde el día de ayer he sido completamente asediado y no tuve ningún inconveniente de decir a Paola Vásquez, quien fue nombrada en mi reemplazo, que no haré uso de ese término y procedí hacerle entrega precitada de las funciones de mi oficina”, dijo.

Así mismo, indicó que sí tenía facultades legales para adjudicar el contrato debido a que por medio de la resolución 2538 del 25 de mayo de 2019 se hizo la delegación de funciones y el entonces canciller le dio tales poderes al viceministro. Entre esas funciones está incluida ejercer “la representación legal del fondo rotatorio”.

Además, expresó que su decisión salvó a la Nación de tener que pagar 117.000 millones de pesos por una demanda interpuesta por Thomas Greg & Sons cuando la licitación fue declarada desierta. “Debería quedar eliminada”, dijo.

De hecho, en la mañana de este miércoles, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la adjudicación del millonario contrato, a pesar de que el Gobierno nacional no quiera reconocerlo. Además, inadmitió el recurso interpuesto por la polémica y cuestionada firma, justamente por la adjudicación del contrato firmada por José Antonio Salazar. De todas formas le dio a la empresa, con sede en Gran Bretaña, diez días para que corrija y aclare las pretenciones de su reclamación.