De ser elegida, Amelia Pérez no podría culminar su mandato como fiscal General de la Nación

La elección de la nueva fiscal General de la Nación ha generado una polémica en torno a los aplazamientos de la Corte Suprema de Justicia, que no ha logrado un consenso y una votación que beneficie a alguna las tres candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra.

Por ello, los 23 magistrados encargados de definir el nombre de la sucesora de Francisco Barbosa, que dejó a como fiscal encargada a la vicefiscal Martha Mancera, cumplirán una nueva cita el jueves 22 de febrero.

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En los tres perfiles hay experiencia y trayectoria. Una de las más opcionadas para reemplazar Martha Mancera, la fiscal General de la Nación encargada, es Amalia Pérez Parra, que en la segunda ronda de votaciones en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se impuso sobre las otras dos ternadas, aunque no logró la mayoría necesaria.

Sin embargo, el camino no lo tiene fácil, pues habría un detalle que la pondría en desventaja de las demás candidatas: su edad, según explicó el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren, en Blu Radio.

De acuerdo con el exfuncionario, por su edad, Amalia no podría terminar su mandato de cuatro años, por lo que esto obligaría a que en dos años, se esté eligiendo nuevamente fiscal general.

“Cuando ella llegue a la hipótesis prevista, en la ley tiene que retirarse porque si no entra en una situación de irregularidad y estamos en función pública. La función pública es lo que soporta a toda la sociedad. Nosotros tenemos en el orden jurídico y en el Estado de la confianza, de que las normas se cumplen y los servidores públicos que somos convidados de ocasión”, explicó Gómez Aranguren.

En caso de que llegue a ocurrir, pues, según reseñó El Espectador, Pérez estaría cerca de cumplir los 70 años, edad de retiro forzoso de los servidores del Estado, por lo que el presidente Gustavo Petro tendría que elegir nueva terna para elegir fiscal; no obstante, es un escenario del que Aranguren no tendría claridad.

“En mi opinión el periodo es personal, eso ocurrió en el caso del doctor Valdivieso y ocurrió también en el caso del doctor Gustavo de Greiff, no tengo memoria lo que ocurrió con la fiscal Vivian Morales, que el Consejo de Estado en su oportunidad anuló su elección y la forma cómo se hizo el reemplazo no lo tengo presente, pero ahí viene otro problema realmente, porque da para especulación y en materia de tesis jurídicas hay muchas opciones, todas muy respetables, pero no es claro si ese período es institucional o había que revisar la normatividad sobre ese fenómeno. Si es institucional, sería para terminar el periodo. Y si es personal, pues serían cuatro años”.

Por último, el expresidente recalcó que es importante que la Corte le cumpla a la ciudadanía en los plazos pactados para elegir fiscal:

“Cuando uno tiene un deber, un deber de cumplir un término, no es un consejo el que la ley le da, y por más de que uno sea magistrado de alta corte, son los más obligados a cumplir con la ciudadanía. Dentro de los marcos de los términos para elegir, hay un deber que se está establecido en la finalización del periodo del fiscal saliente. Ahí hay un deber jurídico y cuando uno incumple un deber jurídico está en una abstención administrativa y, por lo tanto, está irregular”.

¿Quiénes son las ternadas?

Ángela María Buitrago Ruiz es una reputada abogada que representó al Banco de Colombia en 1990 y cuenta además con experiencia en la Fiscalía, pues fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2010. También fue designada como experta internacional de medida cautelar de la Cidh en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México.

Además, ha trabajado en docencia en el campo del derecho penal y procesal penal en varias universidades y ha sido consultora para organismos internacionales como la OEA y la ONU.

Adriana Camargo Garzón ha tenido una destacada carrera en la justicia y fiscalía, desempeñándose como magistrada auxiliar en la Corte Suprema de Justicia y ocupando roles importantes en la Fiscalía General de la Nación. A nivel internacional, ha actuado como perita en litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, ha trabajado como consultora en proyectos relacionados con estándares de investigación, impunidad y acceso a la justicia.

Su experiencia abarca la dirección de investigaciones sobre macrocriminalidad, corrupción y lavado de activos en la CICIG-ONU y la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente, comenzó su carrera en la Rama Judicial como Juez 106 de Instrucción Criminal y oficial mayor del Juzgado 19 Superior de Bogotá.

Mientras que Amelia Pérez tiene una amplia experiencia en la Rama Judicial, desempeñándose como juez en las áreas Municipal, de Menores, Penal Municipal y de Instrucción Criminal en Bogotá. Además, ha ocupado roles significativos en la Fiscalía General de la Nación, incluyendo fiscal seccional delegado ante los Jueces Penales del Circuito, fiscal regional delegado ante los Jueces Regionales, y fiscal especializado en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Terrorismo, según lo reseñado por W Radio.

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