
El ocho y nueve de febrero de 2024 se llevó a cabo la Cumbre de Gobernadores, escenario de la primera asamblea ordinaria de los nuevos mandatarios departamentales 2024-2027.
En el evento, los gobernadores participaron en espacios de diálogos y debate en los que se abordaron importantes asuntos de interés regional, entre ellos, las amenazas al orden público y las estrategias que desde el Gobierno nacional se implementarán para garantizar la seguridad, el fenómeno de El Niño y las líneas fundamentales para la formulación de sus Planes Departamentales de Desarrollo en articulación con los ejes principales del Plan Nacional de Desarrollo.
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En medio de la jornada del viernes nueve de febrero, los 32 mandatarios departamentales leyeron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, solicitándole un modelo de mayor autonomía territorial y una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a las regiones.
“Cedimos nuestros recursos en la crisis financiera de mediados de los 90, pero Colombia se recuperó y solo la Nación ha ganado espacio en el fisco, mientras los territorios siguen rezagados, sobrecargándose con competencias sin contar con las herramientas financieras para cumplirlas a cabalidad”, se lee en el documento.
La misiva, firmada por Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá y elegido nuevo presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y Juan Diego Patiño, vicepresidente de la federación, pidieron al jefe de Estado participar en los recursos de la Nación, con una participación progresiva del 47% como “se visionó en la constituyente y que luego se diezmó con las contrarreformas que le siguieron”.
“Han pasado tres reformas constitucionales, en las que ha sido un sofista esa fórmula que permitiera a los territorios acceder a los recursos requeridos para cumplir con sus competencias. Más de 30 años después de la proclamación de un Estado descentralizado, vamos en menos de la mitad de lo prometido, pues las gobernaciones y alcaldías apenas llegamos a obtener un 20% de los ingresos de la Nación”, agregaron los mandatarios departamentales.
Su petición se respalda, según destacaron, con la Constitución Política de 1991, en la que se realizó una reconfiguración del Estado que les trasladó funciones a los gobiernos locales, con el compromiso de “acompañarlos de una participación de los ingresos estatales, casi igualitaria (...) y que hoy sigue en deuda”.
La respuesta del presidente Petro a la petición de los Gobernadores

El presidente de la República, Gustavo Petro, y los 32 gobernadores del país, llegaron a un acuerdo, propuesto por los mandatarios departamentales, para impulsar una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), de manera que las regiones vean fortalecida su capacidad presupuestal y puedan contribuir con solvencia a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
“Acojo su propuesta de reformar el Sistema General de Participaciones”, dijo el jefe del Estado tras analizar una propuesta expuesta, en representación de los departamentos, por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.
Si bien los puestos específicos aún no están definidos, el acuerdo coincide que este sistema de transferencias merece ser reformado y que la nueva debe asegurar que la participación de las entidades territoriales crezca, como lo previó inicialmente la constituyente de 1991.
Otro anuncio importante que dio Petro en medio de la Cumbre de Gobernadores fue priorizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las regiones a través de la reforma al SGP:
“Acojo la propuesta de la reforma del Sistema General de Participaciones, el planteamiento que se hizo aquí sobre el PAE que debe tener prioridad en los niños y darle más peso a los indicadores de pobreza y necesidades básicas”, dijo Petro.
La decisión fue el punto central de una serie de acuerdos alcanzados durante la Cumbre, en la que gobernadores, ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Militares y de Policía y otros altos funcionarios estuvieron de acuerdo en que el fortalecimiento de los territorios solo será posible a partir de un esfuerzo conjunto entre todos los niveles del gobierno.
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