
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, compareció durante cuatro horas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el 7 de febrero. La razón de su testimonio fue la investigación en curso sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de su padre en 2022.
El primogénito del presidente permaneció en silencio durante gran parte de la sesión; sin embargo, cuando finalmente tuvo la oportunidad de intervenir, aprovechó unos breves momentos para plantear una solicitud crucial: que se le permita dirigirse al órgano legislativo una vez que las autoridades competentes determinen la validez del interrogatorio al que fue sometido por la Fiscalía General de la Nación el 2 de agosto de 2023.
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Nicolás Petro insistió en que dicho interrogatorio era ilegal y solicitó enfáticamente que su declaración no fuera utilizada en ningún proceso judicial posterior.
Según la defensa del exdiputado del Atlántico, dicho interrogatorio debería ser descartado, ya que se llevó a cabo en el contexto de un proceso de cooperación que, lamentablemente, no llegó a buen término.
Mauricio Pava, abogado defensor del presidente Gustavo Petro, también hizo uso de la palabra ante la Comisión. En su intervención, el jurídico hizo hincapié en que su cliente no puede ser sometido a investigaciones repetidas por los mismos acontecimientos, lo que llevó a la necesidad de consolidar uno de los casos que se encuentran en curso contra el jefe de Estado, específicamente aquellos relacionados con supuestas irregularidades en la financiación de su campaña.

Esta petición de revisión sobre la citación ante el fiscal Mario Burgos, durante la cual Nicolás Petro hizo varias afirmaciones, también fue presentada por el abogado Diego Henao. El defensor representa los intereses del exdiputado, que actualmente aguarda un juicio en Barranquilla por presuntos delitos de lavado de activos y fraude procesal.
En una publicación en X (antes Twitter) luego de la audiencia, Nicolás Petro expresó su firme convicción de que el cuestionado interrogatorio no debía tener repercusiones legales en su contra. Asimismo, destacó que había comparecido de manera virtual para salvaguardar la confidencialidad de su testimonio y su seguridad personal.
“Acudí a declarar ante la Comisión de Acusaciones, estuve 4 horas, solicité que se resolviera la solicitud sobre la ilegalidad de la actuación de la Fiscalía. El interrogatorio es ilegal y no puede ser usado en ningún proceso. Fijarán nueva fecha una vez se resuelva”, publicó Petro Burgos.

De acuerdo con la declaración de Nicolás Petro, él continúa dispuesto a colaborar con las autoridades pertinentes. No obstante, dejó en claro que mantendrá silencio hasta que se resuelva su solicitud. En su opinión, se han extraído fragmentos de información que no deberían ser utilizados en su proceso legal, ya que surgieron en un momento en el que buscaba obtener un principio de oportunidad para los dos delitos de los que se le acusa.
Estos delitos están relacionados con la presunta apropiación indebida de 1.053 millones de pesos destinados a la campaña presidencial de Petro en 2022.
La declaración de Petro Burgos no solo giró en torno a la ilegalidad del interrogatorio al que fue sometido, sino que también abordó la necesidad de resolver los procesos judiciales pendientes contra su padre. Uno de estos procesos es la acumulación de múltiples denuncias por presuntas irregularidades en la campaña presidencial, mientras que el otro se originó a raíz de la compulsa de copias realizada por la Fiscalía a partir de la información obtenida en el interrogatorio a Nicolás Petro.
Dentro de la diligencia, se planteó un debate sobre la conveniencia de unificar ambas investigaciones en un solo expediente contra el presidente Petro. Tanto los abogados como el propio Nicolás Petro argumentaron que nadie debería ser indagado dos veces por los mismos hechos; sin embargo, será responsabilidad de la Comisión de Acusaciones decidir si accede a esta solicitud y procede con la unificación de los procesos en curso.
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