En Colombia, el 53,9% de las cesantías retiradas durante el 2023 se destinaron a proyectos relacionados con la vivienda, incluyendo la adquisición y remodelación de inmuebles, según informó la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas).
Este comportamiento refleja la preferencia de los trabajadores por invertir en el sector inmobiliario, aprovechando el ahorro generado a través de las cesantías.
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La inversión en el sector de la vivienda asciende a $4,9 billones, representando un significativo porcentaje del total retirado por los cotizantes en fondos privados, que alcanzó los $9,1 billones. De esta cifra, $2,74 billones fueron para mejoras y ampliaciones de viviendas existentes, mientras que $2,16 billones se usaron para la compra de nuevas propiedades.
Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, destacó la importancia de estas cifras y el valor de las cesantías como un pilar fundamental para el acceso a la vivienda propia y la mejora de las condiciones habitacionales en Colombia.
“El segundo uso de este ahorro es el remodelar la vivienda o adquirir un nuevo inmueble para tener una primera vivienda, cambiar la actual o hacer una inversión para destinarla al mercado de los arriendos”, mencionó el directivo.
En cuanto a los fines específicos para los cuales se puede hacer retiro de las cesantías, se encuentran la compra de vivienda usada o de lotes, construcción en lote propio o del cónyuge, ampliación o mejora de la propiedad, pago de hipotecas o impuestos relacionados con la vivienda, y la adquisición de inmuebles sobre planos. Estas opciones subrayan la versatilidad de las cesantías como herramienta de inversión en el mercado inmobiliario.
En la misma línea, Ramírez recomendó la asesoría de profesionales inmobiliarios con trayectoria para maximizar la rentabilidad y valorización de las propiedades. Este consejo apunta a la importancia de una elección informada y estratégica en el ámbito de la inversión inmobiliaria, factor clave para asegurar una renta favorable a corto y mediano plazo.
“A la hora de invertir en finca raíz, especialmente cuando se busca renta de corto y mediano plazo, la valorización del bien es un factor de alta relevancia. Por eso se recomienda elegir siempre un profesional inmobiliario de reconocida trayectoria que le ayude a elegir el bien que proyecte mejor valorización y mayor renta”, concluyó el dirigente de Fedelonjas.
En qué casos se podrían perder las cesantías
En Colombia, la legislación establece ciertas condiciones bajo las cuales los empleados pueden verse privados de sus cesantías, un derecho laboral consagrado en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). Esta pérdida ocurre principalmente cuando el empleado incurre en conductas delictivas o perjudiciales contra el empleador, sus colaboradores cercanos o contra los intereses materiales de la empresa.
Otra circunstancias que son incluidas dentro de las causales para perder las cesantías son: la comisión de delitos contra el empleador o sus familiares cercanos, la causación intencional de daños materiales significativos a la propiedad de la empresa, y la revelación de secretos comerciales o técnicos que resulten en un perjuicio grave para el empleador.
Ante estos actos, el empleador está facultado para retener las cesantías que no hayan sido pagadas, bajo la condición de presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes y que esta sea suficiente para abrir una investigación penal.
Para efectuar la retención de las cesantías, es indispensable que se dicte una sentencia condenatoria por parte de un juez, estableciendo la responsabilidad penal del trabajador involucrado. Este mecanismo busca proteger los intereses de la empresa frente a acciones que comprometan gravemente su patrimonio o la confidencialidad de su información estratégica, a la vez que preserva el derecho de los trabajadores a un proceso legal justo antes de cualquier sanción económica por parte del empleador.
Cabe resaltar que la pérdida de las cesantías no se aplica de manera automática ante cualquier falta del empleado, sino que se reserva para casos de especial gravedad que afecten directamente la seguridad o la integridad económica de la organización. Este aspecto del CST manifiesta el esfuerzo por equilibrar los derechos de los trabajadores con la necesidad de las empresas de protegerse contra conductas que puedan perjudicar severamente sus operaciones y reputación.
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