
El magistrado Gerardo Botero, vicepresidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha denunciado ser víctima de seguimientos, hostigamiento y amenazas, así como el robo de su computador personal, en el contexto de la tensa situación que se vive en el alto tribunal durante el proceso de elección del próximo fiscal general.
La problemática se agudizó tras la presentación de una tutela por parte de Botero, quien cuestionó que la terna para fiscal general aportada por el presidente Gustavo Petro. Al estar estar integrada exclusivamente por mujeres, debería incluir también un hombre, según la inconformidad de Botero.
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En esa medida, el funcionario del cuerpo legislativo expresó que, desde la negativa del Consejo de Estado a su acción de tutela, se ha encontrado como posible objeto de una serie de acciones intimidatorias, que incluirían mensajes de descalificación a través de sus correos electrónicos y redes sociales.
Estas aparentes agresiones se intensificaron posteriormente, según su denuncia, con el robo de un equipo que contenía información confidencial relacionada con sus investigaciones judiciales. De tal manera, este suceso desencadenaría alarma entre los magistrados. Como consecuencia, el jurista presentó una carta ante Margareth Satterthwaite, relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y los abogados de la Organización de las Naciones Unidas.
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La tutela del magistrado Botero
La acción presentada por el magistrado solicitaba anular la terna propuesta por Gustavo Petro, compuesta exclusivamente por mujeres para el cargo de fiscal General de la Nación, bajo el argumento de exclusión de género. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó la petición en noviembre de 2023, ya que “no se vulneraron los derechos invocados”.
Pero más allá de eso, el entorno en la Corte Suprema de Justicia se habría puesto más tenso, en vísperas de la elección del nuevo fiscal general, prevista para el 25 de enero de 2024. Ante la pálida posibilidad de un acuerdo inmediato, fuentes habrían comunicado a Semana que dos temas principales aplazarían la elección: la designación del nuevo presidente del tribunal, para la cual se espera a Gerson Chaverra Castro, y la meticulosa evaluación de la terna presentada.
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En ese escenario, al parecer también existen especulaciones de posibles estrategias del gobierno para influir en los miembros de la corte. Mientras tanto, la elección podría postergarse hasta abril, dado que señala el fin del término de ocho años para cinco magistrados, de acuerdo con lo que publicó Semana.
Los hechos de “persecución” denunciados por el magistrado
En su carta a la ONU, el magistrado evidenció que su cuestionamiento a la terna elegida por Petro para el siguiente liderazgo de la Fiscalía habría generado actos en su contra. En primera medida, Botero señaló que el mandatario convocó a líderes feministas para que mostraran la posición de Botero como un acto “misógino”, lo cual reiteró como “es totalmente falso”.
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Expresó que las declaraciones del jefe de Estado, “a partir de un análisis subjetivo del escrito de tutela que interpuse ejerciendo un Derecho Constitucional, escribe de manera deliberada sus juicios u opiniones sobre el asunto, que desdibujan su independencia en su papel como mandatario”.

“Se generan una serie de amenzas contra mi integridad personal y moral, así como una serie de insultos e improperios en todas las redes sociales, que afectan significativamente mi dignidad como persona y como magistrado de una Alta Corte, que guardan en serio desconocimiento del derecho a la tutela que ejercí”.
Por otro lado, el incidente del robo en la residencia de Botero se investiga a fondo, ya que se conoció posibles móviles específicos al encontrarse que los delincuentes se enfocaron en sustraer ciertos dispositivos mientras ignoraban otros de valor. En respuesta a los crecientes riesgos, se ha incrementado el esquema de protección para el magistrado.
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