Imputan a Omar Díazgranados, exgobernador de Magdalena, por irregularidades contractuales

Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, exgobernador del departamento de Magdalena, ha sido imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia señala a Díazgranados Velázquez como presunto responsable en la celebración de contratos irregulares para servicios en los colegios del departamento, durante el periodo comprendido entre agosto de 2009 y abril de 2010.

Las pruebas presentadas indican que el exmandatario orquestó la firma, desarrollo y conclusión de un contrato y su adición, que estarían plagados de irregularidades. Los contratos se enfocaban en asegurar los servicios de administración y limpieza en instituciones educativas, pero incumpliendo las normativas legales vigentes.

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A lo largo del proceso, se han identificado nueve grandes irregularidades en la gestión de los contratos cuestionados. Se afirma que la gestión del exgobernador no solo facilitó la celebración indebida de dichos contratos, sino que lesionó considerablemente los recursos destinados a la educación en Magdalena, según lo declarado por la instancia acusatoria correspondiente.

Contratación educativa bajo la lupa por irregularidades y presupuesto inflado

Según el ente investigador, la licitación estaba llena de controversias debido a múltiples irregularidades e inconsistencias identificadas, estas incluyen una planeación deficiente y presupuestos asignados sin justificación. Entre las anomalías registradas figura el establecimiento no fundamentado de un plazo de seis meses para ejecutar las actividades y la contratación de 872 trabajadores en jornadas de 12 horas diarias, excediendo el máximo de 10 horas estipulado por la normativa de aquel entonces. Además, se destacan falencias en la estimación de riesgos y en las limitaciones puestas a la participación de candidatos con experiencia en el sector privado.

Además, la revisión de los procedimientos reveló que los estudios preliminares presentaron incongruencias, tales como la omisión del mantenimiento de colegios y la redacción de un pliego de condiciones confuso que restringió la competencia en la licitación. Aun cuando la empresa ganadora del contrato no fue adecuadamente evaluada y algunos requisitos del pliego se omitieron, la adjudicación se realizó. Esta serie de acciones se extendió a una modificación contractual posterior que incrementó tanto el periodo de ejecución en dos meses y veinte días como el presupuesto de 6.980 millones de pesos a 10.328 millones de pesos, sin la debida justificación.

Consecuencias y acciones futuras

Las autoridades competentes mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades pertinentes frente a estas irregularidades y para implementar las medidas correctivas necesarias que aseguren la integridad de futuros procesos de licitación. Resalta la importancia de una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos, especialmente en el sector educativo.

La Fiscalía detecto una apropiación indebida de 2.610 millones de pesos del erario por una empresa contratista durante su administración. Este dinero incluye una sobreestimación de costos por 2.223 millones de pesos y pagos por 41 operarios que nunca fueron contratados, sumando más de 387 millones de pesos.

La investigación ha sacado a la luz que, aunque se reportó la contratación de 872 operarios, únicamente se emplearon 831, revelando una incongruencia en los números proporcionados. Documentos presentan personal excedente, incluyendo secretarias, aseadoras, auxiliares, bibliotecarias y guardas de seguridad, que en realidad nunca estuvieron afiliados a la entidad. Estos hallazgos fueron realizados por investigadores y peritos contables del CTI tras una exhaustiva verificación.

Omar Ricardo Díazgranados Velázquez enfrenta ahora acusaciones por presunta negligencia en el cumplimiento de sus funciones de supervisión y vigilancia de los contratos y fondos estatales. La Fiscalía le atribuye la responsabilidad directa en la facilitación de esta defraudación, al no ejercer el control adecuado en la gestión de los contratos y sus adiciones correspondientes. Este escándalo subraya la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.

La comunidad espera ahora que se haga justicia. Mientras tanto, la magnitud de estos desfalcos nos recuerda la importancia de la integridad en el servicio público y los riesgos inherentes al manejo de recursos estatales, que deberían estar destinados a la mejora del bienestar colectivo. Los procedimientos legales continuaran su curso, buscando aclarar y sancionar las irregularidades presentadas.