Investigación contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo también se quedó sin fiscal

El fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia, encargado del caso contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, por la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de 2014, presentó su renuncia.

El motivo de la dimisión se atribuye a “razones personales relacionadas con la salud de familia”. Este hecho se produce cuando faltaba menos de un mes para la formulación de acusación por delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

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La audiencia de acusación, programada inicialmente para el 18 de diciembre, fue aplazada por la juez segunda Penal del Circuito Especializado de Bogotá hasta el próximo 5 de febrero de 2024.

Los Zuluaga, padre e hijo, enfrentan señalamientos por supuestamente ocultar aportes financieros de la empresa Odebrecht en la campaña política del año mencionado. Esta maniobra estaría encaminada a esquivar el escrutinio público y legal sobre la procedencia y manejo de los fondos de campaña.

La implicación de Odebrecht, multinacional brasileña, en casos de corrupción a lo largo de América Latina, ha llevado al escrutinio y enjuiciamiento de diversas figuras políticas en diferentes países. La empresa ha sido acusada de establecer un sistema de sobornos para obtener contratos en la región, salpicando campañas políticas y poniendo en entredicho la transparencia de los comicios.

El desarrollo de estos casos judiciales es observado con atención, dado su impacto en la integridad de las instituciones democráticas.

Pese a que las investigaciones continúan, la renuncia del fiscal Palencia podría representar un retraso en los procedimientos judiciales que se adelantan para esclarecer los presuntos delitos. Se espera, por parte de las autoridades judiciales, un nombramiento rápido de un nuevo fiscal que asuma la recta final en la preparación de la acusación formal.

La Fiscalía General de Colombia enfrenta la necesidad de reasignar un caso de alto perfil tras la renuncia del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien estaba encargado de los procesos contra Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga, y el exsenador Álvaro Uribe Vélez. La reprogramación de una importante audiencia surgió luego de que el funcionario se excusara por no poder asistir debido a problemas de salud que le han llevado a abandonar su cargo.

El fiscal en cuestión, quien presentó su dimisión el 9 de enero, estaba involucrado en la investigación del presunto ingreso ilegal de fondos de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de 2014 de Zuluaga. Además, supervisaba el caso contra el expresidente Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con su salida, la responsabilidad de decidir si se llama a juicio a Uribe o se presenta una tercera petición de preclusión ha recaído en el fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Salcedo.

Las investigaciones y juicios en curso son claves para la justicia colombiana, representando no solo un desafío procesal sino también una medida de la capacidad del país para manejar casos de corrupción de alto nivel. Las decisiones tomadas por la Fiscalía en este caso podrían tener consecuencias significativas tanto para los investigados como para la confianza del público en el sistema judicial.

En el caso de Óscar Iván Zuluaga y su hijo, se descarta la posibilidad de vencimiento de términos, según confirmaron los abogados penalistas Marlon Díaz y Juan Camilo Brito Larsen a La W. Al no estar detenidos, esta figura jurídica no aplica, y además, la Fiscalía General ya realizó la imputación de cargos y presentó el escrito de acusación el 1 de noviembre de 2023, lo cual también impide la prescripción por el momento.

Respecto al caso Álvaro Uribe Vélez, se enfrenta a un proceso por supuesta manipulación de testigos. El abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve -testigo clave en este caso-, indicó que el periodo de prescripción de la acción penal finaliza el 19 de octubre de 2025. El fiscal asignado, Víctor Salcedo, cuenta con un plazo de noventa días para presentar la acusación o solicitar una nueva preclusión.

No obstante, surgen obstáculos procesales ya que Salcedo podría estar impedido para actuar en el proceso contra Uribe, debido a que escribió una columna en 2020 sobre el exmandatario, lo que supone un conflicto de interés en la causa que se lleva a cabo. La información sobre este posible impedimento se dio a conocer en El Reporte Coronell de W Radio.