Indígena wayuu ligado con el ELN será extraditado a Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro, puso fin a la discusión jurídica en torno a la extradición de Rafael Valdeblánquez Jusayu, que había desencadenado una polémica legal y social.

Alias Don Rafa o Tío Rafa, como se le conoce, es un indígena de 76 años miembro de la comunidad Wayú, reconocido por el Ministerio del Interior, que fue detenido en febrero de 2022, por tráfico internacional de estupefacientes.

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Valdeblánquez, según el expediente penal en la Corte del Distrito sur de Florida, Estados Unidos, estableció alianzas con escuadrones del ELN en la región de Catatumbo, facilitando el movimiento de cocaína hacia la Alta Guajira. Este eslabón en la cadena del narcotráfico se destacó por la meticulosa trazabilidad de un cargamento, desde su origen en La Guajira en diciembre de 2018 hasta su llegada a Estados Unidos en enero de 2019, con la cifra de 253 kilos de cocaína de alta calidad, teniendo en cuenta documentos oficiales en posesión de El Espectador.

Además, según el medio previamente mencionado, “De acuerdo con el indictment federal, rotulado como Caso 21-20213-CR-UNGARO/REID, este sujeto movía el alcaloide desde esa zona hacia la Alta Guajira, específicamente hacia Parajimaruhu y Puerto Inglés. Cuando el cargamento ilegal arribaba a esta región, su zona de influencia durante las últimas cinco décadas, lo encaletaba –según el expediente– en propiedades suyas y de presuntos testaferros”.

La resistencia de Valdeblánquez ante la extradición, respaldada por la jurisdicción indígena que lo sancionó en 2021, plantea cuestionamientos sobre cómo se deben abordar casos que involucran a comunidades autóctonas. Aunque la jurisdicción indígena le impuso restricciones, como la prohibición de salir del resguardo de la Alta Guajira durante 14 años, la resolución ejecutiva firmada por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2023 respalda la decisión de extraditarlo.

El diálogo entre la comunidad Wayú, las autoridades colombianas y el ELN se ve influido por este caso, especialmente con la guerrilla anunciando el fin del secuestro y un cese al fuego. Sin embargo, la extradición de Valdeblánquez a una cárcel federal en Estados Unidos persiste, evidenciando la prioridad de la justicia estadounidense en casos de narcotráfico.

Los argumentos de Valdeblánquez, como problemas de salud y procesos judiciales locales, no lograron detener el proceso, destacando la rigidez del sistema legal frente a la complejidad de las identidades culturales y las circunstancias individuales. Este caso arroja luz sobre la tensión entre la aplicación de la ley y la protección de los derechos de comunidades indígenas, planteando interrogantes sobre la equidad y adaptabilidad del sistema judicial en Colombia.

En febrero de 2022, por medio de una publicación de la cuenta oficial de la Fiscalía General de la Nación en X, antes Twitter, y de la voz de la directora especializada contra el narcotráfico, María Elena Monsalve Idrobo, se anunció la captura Rafael Valdeblanquez Jusayu, alias Don Rafa, “presunto cabecilla de estructura narcotraficante señalada de sacar cocaína por la Alta Guajira. Fue capturado con fines de extradición, en una acción articulada de Fiscalía @PoliciaColombia y agencias estadounidenses”.

Además, se informó que, precisamente, una Corte Distrital de Estados Unidos “lo requiere por cuatro cargos relacionados con narcotráfico. Este hombre sería el responsable de sacar la mayor cantidad de estupefacientes por las costas del extremo norte de Colombia y uno de los principales aliados narcotraficantes del ELN”.

Según las investigaciones que se tenían para esa época, daban cuenta que la red de este hombre, al parecer, “adquiría el clorhidrato de cocaína en el Catatumbo, a través de las distintas estructuras del ELN. Luego, trasladaba los cargamentos a la Alta Guajira y allí los almacenaba durante algunos días. Finalmente, y con apoyo de una red de lancheros, los alijos salían en embarcaciones tipo go fast desde embarcaderos clandestinos hacia Aruba, Honduras, República Dominicana, Puerto Rico y otros países del Caribe y Centroamérica”, según lo mencionado por la misma Fiscalía.