Dilian Toro, Alejandro Char, Jorge Rey y Fico Gutiérrez, entre otros: los políticos que repetirán cargos de elección popular a pesar de tener investigaciones en proceso

Todo está listo para que este primero de enero de 2024 se posesionen los alcaldes, gobernadores, asambleístas y concejales de todo el país, quienes estarán a cargo de las riendas de las principales ciudades y departamentos del país durante los próximos cuatro años. Sin embargo, después de las contiendas vividas en Colombia el 29 de octubre de 2023, al menos 30 candidatos que se quedaron con los cargos de elección popular, llegan a sus despachos con investigaciones a cuestas, muchas de ellas que podrían dejarlos fuera de sus puestos.

Según indicó el último informe de cuestionados elegidos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la mayoría de los investigados siguen con cuentas pendientes por investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales, casos de corrupción, herederos de parapolítica o de clanes políticos e incluso procesos por nexos con grupos armados o economías políticas. Aun así, muchos de los señalados repetirán un cargo de elección popular hasta que sus casos sean esclarecidos ante las autoridades pertinentes.

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Entre los investigados estarían los dirigentes locales y regionales de los principales territorios del país, entre los que resaltan los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, varios de ellos con cuentas pendientes con la Procuraduría, la Fiscalía y hasta la Corte Suprema de Justicia por irregularidades mientras estuvieron en un cargo de elección popular en los periodos pasados.

Antioquia

En el ámbito político de ese departamento, dos destacadas figuras, Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez Zuluaga, enfrentan serios cuestionamientos legales que tendrán que solucionar mientras toman las riendas de Antioquia y Medellín a partir del primero de enero de 2024.

Andrés Julián Rendón, nuevo gobernador del departamento e investigado por corrupción

El economista egresado de la Universidad Eafit, enfrenta una complicada situación judicial a raíz de su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. La Fiscalía había solicitado al Juzgado Penal Municipal Mixto de Rionegro una audiencia de imputación de cargos contra Rendón por presunto detrimento patrimonial en la construcción de Centros de Atención Inmediata (CAI) de Policía durante su mandato. Sin embargo, dicha diligencia quedó aplazada después de que el nuevo gobernador adquiriera un fuero especial al ganar las elecciones, por lo que será la Corte Suprema de Justicia quien determine el futuro del político colombiano.

En todo caso, las acusaciones apuntan a un presunto detrimento patrimonial que supera los $1.200 millones, además de ser señalado de adelantar las construcciones sin contar con el aval de la Policía para la construcción de estos CAI.

Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación está llevando a cabo una investigación para determinar posibles irregularidades en la contratación del Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo de Rionegro (Sitirio) durante su mandato como alcalde. La investigación se ha centrado en las deficiencias encontradas en los estudios previos, con un costo de más de 547.000 millones de pesos para la remodelación, mantenimiento y construcción de estaciones provisionales de transferencia, así como la demolición de los accesos a la estación La Morelia.

Federico Gutiérrez, investigado por nexos con grupos ilegales

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, ingeniero civil y exalcalde de Medellín, es otra de las figuras políticas antioqueñas que está en el ojo del huracán legal. A pesar de sus éxitos electorales, las sombras de la controversia y las acusaciones lo persiguen.

En 2019, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación sobre Gutiérrez y funcionarios de la Alcaldía de Medellín por presunto proselitismo a favor del candidato Santiago Gómez Barrera, quien aspiraba a ser el sucesor de entonces alcalde. Adicionalmente, Gutiérrez ha sido cuestionado por su defensa a Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad durante su alcaldía, quien fue capturado en 2017 por delitos de concierto para delinquir y nexos con el crimen organizado, específicamente con los de La Oficina. De hecho, Villegas fue inhabilitado para cargos públicos por 16 años en 2020.

El alcalde repitente de Medellín se encuentra en una investigación, después de que miembros de la Oficina de Envigado afirmaran haber colaborado con la administración de Gutiérrez en su estrategia de seguridad durante su anterior mandato, revelando presuntas conexiones con grupos ilegales armados.

Atlántico

La figura de Alejandro Char, ingeniero civil y líder del clan Char, que logró quedarse con la Alcaldía de Barranquilla con unos resultados arrasadores, enfrenta diversas investigaciones que podrían dejarlo por fuera de su cargo si se comprueban los casos de corrupción y conexión con grupos ilegales.

En su caso, la constructora de Char se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la edificación de conjuntos residenciales en zonas propensas a deslizamientos que afectó a 400 familias. De hecho, en 2016 un fallo ordenó compensar a los damnificados por daños materiales y morales.

Además, la Procuraduría inició una indagación preliminar en 2020, después de detectar presuntas coimas relacionadas con un millonario contrato para la construcción de un hidrotanque en el barrio Siete de Abril durante el mandato de Char como alcalde.

Sobre el nuevo alcalde también recae una investigación de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el caso de compra de votos en el que estuvo involucrado su hermano Arturo Char. Este último, exsenador y expresidente del Congreso de la República, estuvo detenido por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como “Casa Blanca”, de la que Aida Merlano es ficha clave.

Como cereza del pastel, una nueva sombra se cierne sobre el clan Char. Un medio de comunicación mexicano vinculó al banco Serfinanza, propiedad del clan, con el Cártel de Sinaloa. La Agregaduría Militar de la Embajada de México indicó que el banco podría estar involucrado en la movilización de ingresos derivados de actividades criminales, señalando a los hermanos Alejandro y Arturo Char como nombres clave en esta supuesta red.

Valle del Cauca

Dilian Francisca Toro, nueva gobernadora del departamento, ha sido el centro de atención debido a diversas denuncias e investigaciones a lo largo de su carrera. Nacida en Guacarí, Valle del Cauca, Toro ha transitado por roles clave en la política local y nacional, pero su trayectoria ha estado marcada por cuestionamientos legales.

Uno de los episodios más destacados en su carrera fue la apertura de una investigación en 2008 por presunta relación con grupos paramilitares durante las elecciones en el departamento. Aunque la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación en 2018, este evento marcó un hito en su historial político.

Otro escándalo surgió en 2012, cuando enfrentó cargos por presunto lavado de activos al adquirir propiedades vinculadas al líder del cártel del Valle, Víctor Patiño Fómeque. A pesar de renunciar a su curul en 2013 para enfrentar los cargos, quedó en libertad después de pagar una fianza. Todas las investigaciones en su contra fueron finalmente archivadas.

A pesar de estas controversias legales, Toro ha mantenido una influencia política sólida en el Valle del Cauca. Fundadora del movimiento Nueva Generación en el Partido de La U ha logrado éxitos electorales significativos, contribuyendo a la elección de representantes a la Cámara, senadores y alcaldes en el departamento.

Actualmente, Dilian Francisca Toro enfrenta nuevas denuncias, con 16 procesos de carácter privado y un proceso abierto en la Corte Suprema.

Cundinamarca

Por su parte, Jorge Emilio Rey, administrador público y figura destacada del partido Cambio Radical que ha ganado nuevamente la Gobernación del departamento, ha sido objeto de intensos escrutinios debido a alegaciones de irregularidades y corrupción durante su mandato como gobernador de Cundinamarca.

La carrera política de Rey, que incluye roles como secretario de Gobierno en Funza y alcalde del mismo municipio, ha sido marcada por una serie de controversias. No obstante, los mayores cuestionamientos surgen en relación con su gestión como gobernador entre 2016 y 2019.

Durante este periodo, se formularon serias acusaciones acerca de un presunto cartel de “volteo de tierras”. Según indican las investigaciones, un grupo de funcionarios habría manipulado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), modificando el uso de tierras de rural a urbano mediante el pago de sobornos a concejales, alcaldes y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

A pesar de que se iniciaron investigaciones al respecto, la efectividad de estas ha sido duramente cuestionada. Muchos de estos procesos parecen haber quedado estancados en el escritorio del entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien posteriormente fue condenado en el escándalo del “Cartel de la Toga”.

Tan solo hasta 2023, se han destrabado las investigaciones y se emitieron condenas contra el empresario Mario Ángulo y Adriana Orozco Quecano, exsecretaria de planeación de Funza durante la alcaldía de Jorge Enrique Machuco, quien se describe como ahijado político de Rey.

Orozco, según reveló una columna de Daniel Coronell publicada en la revista Cambio, también tuvo participación tanto en la administración de Rey como en la de su sucesor, Nicolás García. Incluso, se denunció que Orozco habría recibido contratos en diversas dependencias de la Gobernación durante ambos periodos.

Estas condenas y revelaciones han colocado a Jorge Emilio Rey en el centro de la controversia, siendo señalado como líder de su propio clan emergente, el “clan Rey”. Además, se ha vinculado a las investigaciones por presuntamente participar en estos hechos de corrupción durante su anterior mandato.

Como ellos, al menos 25 funcionarios más se encuentran en el centro de diversas investigaciones que no han logrado esclarecerse. De hecho, según informó Pares, todos han logrado dilatar los procesos legales y se posesionarán el primero de enero de 2024 sin ninguna restricción, en tanto no se solucione su situación.

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