La ONU solicitó medidas inmediatas al Estado para proteger a los indígenas Nasa

El organismo internacional también instó a los grupos armados a detener los homicidios, reclutamientos y otras violaciones de derechos humanos

La ONU pidió frenar la ola de violencia que afectó durante 2023 a la comunidad indígena nasa en Caldono (Cauca) - crédito Colprensa
La ONU pidió frenar la ola de violencia que afectó durante 2023 a la comunidad indígena Nasa en Caldono (Cauca) - crédito Colprensa
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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno colombiano que implemente medidas para proteger a la comunidad indígena Nasa. Esta petición urgente se dio frente a los continuos ataques y violaciones de derechos por parte de grupos armados ilegales, incluyendo asesinatos, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados que afectan directamente a esta población en Caldono, Cauca.

La comunidad Nasa, conocida por su activa defensa de los territorios y los derechos culturales y ambientales con asentamiento en Cauca, enfrentó constantes amenazas en su lucha en 2023. La serie de asesinatos ha puesto en evidencia la vulnerabilidad y los riesgos que corren los líderes sociales en esa región.

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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó “su profunda preocupación por la situación del Pueblo Nasa del territorio Sa’th Tama Kiwe, Caldono, Cauca, y llama, con urgencia, al Estado a tomar medidas efectivas de protección para garantizar su vida y supervivencia cultural y física; e insta a los grupos armados no estatales a poner fin a los homicidios, amenazas, intimidaciones, hostigamientos, reclutamientos de niñas y niños, y desplazamientos forzados”.

Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, se registró la muerte violenta de seis autoridades y defensores de derechos humanos pertenecientes al pueblo Nasa durante el 2023. Estos crímenes subrayan la continua vulnerabilidad de los líderes indígenas en contextos de disputa territorial y conflictos sociales.

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Llamado al Gobierno nacional

La organización sugirió al Estado colombiano a “cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos de la población y a que trabaje con las autoridades étnicas en un plan de protección de su vida, de su cultura y de su territorio”.

Finalmente, la Oficina llamó al Estado y a los actores armados no estatales a que “en los diálogos de paz que se desarrollan, tengan como prioridad garantizar la vida y los derechos de la población civil en todo el territorio nacional”.

Un 2023 aterrador

La ONU informó que seis miembros de la comunidad indígena Nasa fueron asesinados en Colombia en lo corrido de 2023, lo que remarca la vulnerabilidad de líderes y activistas de derechos humanos en el país. Entre las víctimas se encuentran Wilson Bomba Piamba, asesinado en marzo; William Vargas Peña, guardia indígena, en mayo; Alexander Chocue Peña, autoridad indígena, en junio; Freddy Bomba Campo, líder y defensor de derechos humanos, en julio; y Rogelio Chate, sabedor ancestral y ex autoridad indígena, en noviembre.

El último de ellos se registró el domingo 24 de diciembre, cuando Eliécer Puyo Chocué, un comunero perteneciente al Resguardo La Laguna y miembro de la Guardia Indígena del Pueblo Nasa, murió en Caldono, Cauca. Este lamentable suceso despertó gran preocupación dentro de la comunidad y entre los defensores de los derechos humanos.

Indepaz reportó que el 24 de diciembre de 2023 fue asesinado el líder indígena #88 en 2023, identificado como Eliécer Puyo Chocué - crédito @Indepaz/X
Indepaz reportó que el 24 de diciembre de 2023 fue asesinado el líder indígena #88 en 2023, identificado como Eliécer Puyo Chocué - crédito @Indepaz/X

El comunicado de prensa de la ONU también mencionó que después de la asamblea comunitaria, el 22 de diciembre de 2023 en el resguardo La Laguna-Siberia, en marco de la jurisdicción especial indígena y como ejercicio de justicia y autonomía, la entidad documentó amenazas, señalamientos y un homicidio.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó, además de los abusos narrados antes, el uso y reclutamiento forzado de niñas y niños, y los combates de grupos insurgentes en medio de la población. Además, reiteró a los actores armados no estatales su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, en particular los derechos de los pueblos étnicos, que incluyen su autonomía y gobierno propio.

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