Estas son las irregularidades que han denunciado los nuevos alcaldes de Cali, Medellín, Bucaramanga y Santa Marta

Las administraciones locales y departamentales en Colombia se preparan para una transición de poder con menos de cinco días para su inicio oficial. Aun en la fase final de los procesos de empalme, los mandatarios electos han señalado presuntas irregularidades financieras que heredarán, pues para ellos esas situaciones podrían afectar la gestión del 2024.

Varias de las principales capitales de departamentos tuvieron un cambio en la orientación política con las administraciones anteriores, virando hacia la centro-derecha y derecha luego de las elecciones.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

En Medellín y Cali, antes lideradas por Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina, respectivamente, ambos con inclinaciones políticas a la izquierda, se espera el cambio de mando a Federico ‘Fico’ Gutiérrez y Alejandro Éder, figuras políticas asociadas con la derecha y el uribismo.

Por otro lado, en Bucaramanga se observa una sucesión del alcalde Juan Carlos Cárdenas del Partido Liga Anticorrupción a Jaime Andrés Beltrán, un pastor con posturas denominadas por él mismo como radicales e inspiradas en el modelo de liderazgo de Nayib Bukele en El Salvador.

Las denuncias sobre las deudas y finanzas que enfrentarán los nuevos gobiernos han generado incertidumbre sobre los recursos disponibles para las gestiones que se avecinan.

Estos retos económicos podrían suponer una limitante para el cumplimiento de las promesas electorales y el desarrollo de los planes de gobierno. Es de esperar que en los próximos días, se aclaren estas situaciones y se pongan en marcha las estrategias pertinentes para una transición eficiente y transparente en cada una de las entidades territoriales afectadas.

En este contexto, los ciudadanos esperan que se garantice la continuidad de los proyectos importantes y que se aborden las problemáticas inminentes de manera proactiva, pese a los posibles obstáculos financieros que se denuncian. De igual modo, se solicita a los mandatarios entrantes que mantengan un diálogo abierto con la comunidad y que realicen una revisión exhaustiva de las cuentas para asegurar una gestión limpia y efectiva desde el inicio de sus períodos.

En un reñido desenlace electoral en Santa Marta, Carlos Pinedo se consagró como el nuevo alcalde para el cuatrienio entrante, tras superar cuestiones legales que mantenían en suspenso el nombramiento de la autoridad local. Este desenlace se produjo después de que el Tribunal Superior de Santa Marta invalidara la postulación de Jorge Agudelo, por parte del movimiento Fuerza Ciudadana, que inicialmente había obtenido una victoria marginal en los conteos iniciales. El empalme entre la administración saliente de Virna Johnson y el equipo de Pinedo ha enfrentado dificultades, marcado por la ausencia de la alcaldesa en las reuniones y alertas por parte de la Contraloría Distrital sobre posibles omisiones en el proceso.

La transición de mando se ha visto obstaculizada por falta de coordinación y retrasos, según declaraciones del alcalde electo Carlos Pinedo. Él afirma que no han recibido información adecuada para iniciar su gestión y ha expresado preocupación al no contar con datos necesarios para proyectar y ejecutar el plan de gobierno. Por su parte, la administración de Virna Johnson ha rechazado estas aseveraciones, alegando haber llevado a cabo más de 50 reuniones y denunciando la falta de orden por parte del equipo entrante. Pinedo, vinculado a corrientes de derecha y cercano a la familia de Johnson, tomó distancia de la procedencia política de su predecesora al comenzar a enfrentar las complejidades del empalme.

Las tensiones entre ambas administraciones se han evidenciado en redes sociales, con intercambios de acusaciones sobre la gestión y responsabilidad del proceso de empalme. La salida de Carlos Caicedo como gobernador del departamento del Magdalena para apoyar la campaña de Agudelo y los conflictos legales derivados de la postulación y su posterior anulación han añadido una capa extra de complejidad al panorama político local. La situación en Santa Marta continúa en una fase crítica, con la urgencia de resolver estas tareas administrativas para asegurar un traspaso efectivo de poder, que afectará la gobernabilidad de la ciudad en los próximos cuatro años.

Durante el proceso de transición en la Alcaldía de Cali, Cristina Arango, exgerente de Emcali y parte del equipo del alcalde electo, ha advertido sobre un grave estado de las finanzas públicas. Según su denuncia, la situación económica está comprometida, con una deuda que alcanzaría el 80% de los recursos de libre destinación, reduciendo significativamente el margen de maniobra para la próxima administración. Esta información se ha dado en un contexto donde el alcalde saliente, Jorge Iván Ospina del Partido Alianza Verde, enfrenta decisiones judiciales que podrían suspenderlo de cargos públicos.

Según El Espectador, el reporte financiero presentado releva que durante la gestión de Ospina, los ingresos de la ciudad han disminuido mientras que la deuda se ha duplicado en los últimos cuatro años. Ahora, Alejandro Éder, alcalde entrante, deberá afrontar compromisos de deuda que ascienden a aproximadamente 395.000 millones de pesos para el año 2024, lo que se traduce en un estrecho margen de maniobra presupuestaria durante su primer año de mandato. Ante estos hechos, la Unidad de Acción Vallecaucana ya había prevenido sobre la urgencia de saldar el 60% de la deuda total de la ciudad en este periodo inicial.

Mientras tanto, Jorge Iván Ospina concluye su mandato en medio de controversias legales, con un fallo de la Procuraduría que sugiere su suspensión por cuatro meses, y una próxima cita en la Fiscalía el 29 de enero para una audiencia de imputación de cargos. Este panorama se complica con la inhabilitación de dos de sus secretarios y una denuncia contra otro por presunto abuso sexual. Estas circunstancias podrían agitar aún más el clima político y administrativo en la transición de poder en la ciudad.

En medio de tensiones políticas, Juan Carlos Cárdenas y su sucesor, autodenominado el ‘bukele’ Jaime Beltrán, intercambian acusaciones de corrupción durante el proceso de empalme en la alcaldía de Bucaramanga. Beltrán alega el hallazgo de 300 actos de corrupción, mientras que desde el equipo de Cárdenas se rechazan estas acusaciones, calificándolas como distorsiones de la realidad. Además, el alcalde saliente alerta sobre una deuda municipal que incrementó un 76%, ascendiendo a 370 mil millones de pesos frente a los 210 mil millones previos.

Según El Espectador, la administración entrante, encabezada por Beltrán, enfrentará retos financieros significativos, planificando destinar gran parte del presupuesto del año entrante a compensar lo que él describe como “obras mal planeadas y mal ejecutadas”. A esto se suma la controversia en torno a un crédito aprobado por el Banco Agrario, con una tasa de interés que según el equipo de Beltrán era más baja de lo que se aceptó finalmente. Dicha denuncia fue emitida por su comité de empalme el 17 de diciembre, cuestionando las decisiones financieras de la administración anterior.

Frente a estas afirmaciones, la alcaldía de Cárdenas ha publicado un contundente comunicado pidiendo a la comisión de empalme manejar con responsabilidad la información y sustentar sus declaraciones con argumentos verídicos. El documento también refuta las alegaciones de renuncia a la lucha por el reconocimiento legal como autoridad ambiental, mencionando esfuerzos ante el Congreso y el Gobierno Nacional en los últimos dos años. Sus declaraciones se ven fortalecidas por el apoyo de la Área Metropolitana de Bucaramanga, que se expresó en términos similares en un tuit el 6 de diciembre de 2023.

En el proceso de empalme de la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez ha hecho graves acusaciones de corrupción y deuda pública sobre la administración de Daniel Quintero. Gutiérrez sugiere que el escándalo en la ciudad puede alcanzar una gravedad mayor a la vivida en Bogotá con los hermanos Nule y Samuel Moreno en 2010. Asimismo, plantea la necesidad de $8.4 billones de pesos colombianos adicionales para el funcionamiento y pago de deudas de Medellín para el próximo año.

Gutiérrez, quien asumirá nuevamente el cargo de alcalde, señaló que la administración saliente dejó un déficit considerable, con una deuda de 97.000 millones de pesos colombianos en el Fondo de Estabilización y desfinanciamiento de 200.000 millones de pesos colombianos en el fondo de pensiones. También destacó que el proyecto del metro de la Avenida 80 precisa de $500.000 millones de pesos colombianos para su financiación completa. Según recopila el mismo medio de comunicación, Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, ha anunciado investigaciones por presunta corrupción que implica a exfuncionarios y particulares ligados a contratos públicos.

A través de comunicados y redes sociales, Gutiérrez ha manifestado que el presupuesto actual para Medellín es insuficiente. Para el año 2024, la ciudad requeriría 8.4 billones de pesos colombianos para cubrir gastos operativos, programas sociales y deudas, pero solo dispone de 6.1 billones de pesos colombianos. Estas declaraciones han encontrado en Quintero una respuesta puntual respecto a la ausencia de ‘Fico’ en las reuniones de empalme: “¿Cómo vas a saber que te entregamos si no has asistido a ninguna de las 150 reuniones de empalme?”. Este intercambio resalta la tensa relación política entre ambos, y tiene lugar tras un período en el que Gutiérrez se perfiló como principal oponente al gobierno de Quintero.

Lo anterior contraste con empalmes en otras ciudades como Bogotá y Barranquilla, donde los procesos de transición con Claudia López y Carlos Fernando Galán, y con Jaime Pumarejo y Alex Char, respectivamente, han sido percibidos más como una sucesión de autoridades que transformaciones ideológicas profundas. Estas diferencias indican la variedad de dinámicas políticas en las regiones de Colombia a medida que los mandatarios salientes inician sus roles de oposición.