
El lunes 25 de diciembre, durante la inauguración de la 66 Feria de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina recibió la noticia que tanto él como su secretario de Educación, José Darwin Lenis Mejía, fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la celebración del convenio de 11.955′020.000 millones de pesos, destinados para la realización de la 63 Feria de Cali virtual, en 2020.
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Una vez se enteró de la suspensión, ad portas de terminar su periodo como alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina señaló a la Procuraduría de querer “dañarle su diciembre” y que hay odio y saña en haber filtrado la información, puesto que no había sido notificado formalmente:
Agregó que solicitaría acompañamiento internacional para apelar la decisión e insinuó que existe un acoso y agresión por parte de dicha institución:

Al respecto, también se refirió la defensa del alcalde Ospina, Hernando Morales Plaza, que aseguró que la Procuraduría no es una entidad competente para el caso y agregó que dicho ente de control es una institución “politizada”:
Para la defensa de Ospina, el caso debe continuar en recurso de apelación, por lo que el mandatario local terminará su mandato hasta el 31 de diciembre:
Morales Plaza enfatizó en que el fallo de la Procuraduría presenta inconsistencias y confusiones con respecto a normas de contratación:
Por último, el abogado Morales Plaza, cuestionó las razones de la Procuraduría para suspender al alcalde Jorge Iván Ospina e indicó que no han recibido acusaciones de tipo jurídico o penal de otras instituciones:
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