En el Parque Natural Regional Serranía de Perijá, donde permaneció secuestrado por el ELN el padre del delantero del Liverpool Luis Díaz a finales de octubre, se reportó la muerte, a manos de cazadores, de 10 osos de anteojos o andinos en los últimos 2 años.
Las denuncias de la presunta caza ilegal de los mamíferos las conocieron en el periódico El Tiempo, que aunque consultó con la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), dicha autoridad ambiental del departamento negó que estuviera ocurriendo esa situación.
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Sin embargo, en el diario bogotano indicaron que los presuntos atentados contra la fauna de esa zona de reserva los conocieron por fuentes que se mantuvieron anónimas por posibles retaliaciones en su contra.
La situación se habría dado porque la población de los osos aumentó en la última década en el Perijá, lo que aunque desde el punto de vista medioambiental es algo bueno para el parque natural, a su vez ha provocado conflictos con los pobladores de la zona ante la presencia del animal que en ocasiones ataca el ganado para alimentarse.
Explicaron en ese medio de comunicación que las poblaciones del omnívoro se habían visto afectadas por la proliferación de cultivos ilícitos en el lugar que provocó su desplazamiento a la zona que corresponde a Venezuela, pero ante el decrecimiento de esa práctica ilegal, los mamíferos están retornando a Colombia, donde se encuentran en sus otrora territorios con los rebaños que instintivamente reconocen como sus presas, que obviamente cazan para alimentarse, lo que provoca el conflicto con esa especie.
“No entendemos qué estará pasando en Venezuela, pero últimamente cada vez más osos vienen de allá. Hay quienes han avistado hasta 7 osos en un día del lado colombiano del Perijá. Pero acá están matándolos por meterse con el ganado”, dijo en El Tiempo una de las personas que denunció la situación.
Ya en la consulta del periódico con Corpocesar, si bien la autoridad ambiental reconoció que se rumora que hay cacerías de osos andinos, por el momento no han recibido formalmente avisos por esta presunta irregularidad.
“Aquí a la autoridad ambiental no ha llegado ninguna denuncia de muerte de osos. ¿Ha habido comentarios? Sí, hay comentarios, pero quedan así, solo como comentarios. Yo como funcionario solo podría decir si es cierto eso que denuncian ―que hay que ver quién denunció― si yo hubiese ido al lugar de los hechos y visto el cadáver del animal. Sí, he escuchado en el ambiente ciertos comentarios, pero más de presión de la comunidad hacia la autoridad ambiental y hacia el mismo Gobierno”, aseguró en ese diario Marino Zuleta, médico veterinario de Corpocesar.
El funcionario, sin embargo, señaló que en esa zona se requiere de mayor presencia del Estado para que se proteja su delicado ecosistema.
En El Tiempo también consultaron con la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, y el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, que anunciaron un seguimiento a las señaladas denuncias.
Territorio sin control
En la Serranía de Perijá que se extiende hasta la frontera con Venezuela, ha sido históricamente asolada por actos delictivos que afectan a los campesinos de la región. Dicho conflicto data de años atrás, siendo más marcado tras la desmovilización de las Farc y ha involucrado otras actividades criminales, como el contrabando de ganado.
La situación en esta área fronteriza, donde el ELN a través del Frente de Guerra Oriental ahora ejerce el control, refleja la complicada realidad de un territorio que no solo ha estado en la mira de grupos armados, sino que también se ha convertido en cuna de actividades ilícitas binacionales.
La Defensoría del Pueblo, en un informe de 2021, detalla la transición de actividades criminales, desde el contrabando a la comisión de crímenes violentos, alimentados por el tráfico de armas y drogas.
Los habitantes de Sabana Rubia, una de las zonas más afectadas, han denunciado una serie de abusos y vejámenes que incluyen homicidios y actividades de narcotráfico que se facilitan por la situación geográfica que favorece a sus rutas.
Históricamente, según se ha establecido en la Comisión de la Verdad, la zona ha facilitado el intercambio de armas por cocaína. Este panorama se suma a las declaraciones de fuentes reservadas sobre el desamparo y desprotección que enfrentan los campesinos ante estos hechos de violencia, los cuales representan un “riesgo inminente”.
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