Los jueces serán los que diriman el conflicto generado por el proceso licitatorio de la Cancillería para la expedición de pasaportes en Colombia. Las demandas no solo llegarían a los estrados administrativos, sino también penales por cuenta de supuestas irregularidades en el proceso.
La audiencia de conciliación que adelantó la Procuraduría se declaró fallida luego de que la Cancillería y la firma Thomas Greg no llegaran a un acuerdo sobre sus pretensiones. La compañía anunció una demanda para exigir el pago de 117 mil millones de pesos de compensación por el contrato y los daños causados.
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Sin embargo, durante la audiencia se presentó otra solicitud que llevaría el caso ante las autoridades judiciales, más allá de los tribunales contenciosos administrativos que son los que resolverán sobre el pago de compensación económica para la firma demandante.
Juan Pablo Estrada, apoderado de Thomas Greg & Sons, le solicitó a la Procuraduría durante la audiencia que se compulsaran copias ante la Fiscalía y la Contraloría, debido a lo que consideran irregularidades en el proceso de conciliación. El representante de la empresa pide que se investigue las actuaciones de los miembros del Comité Conciliador de la Cancillería e incluso del ministro Álvaro Leyva, según reveló El Tiempo.
En el comunicado emitido por la Unión Temporal Pasaportes 2023 de la que hace parte la firma, señalaron que en la audiencia del 15 de diciembre, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó ánimo conciliatorio además que se manifestó “de viva voz” que el Comité había decidido conciliar.
Por esa razón, la Procuraduría le solicitó a la Cancillería que llegara a la última audiencia con cronograma establecido de cómo se realizaría el proceso de conciliación, los tiempos y las acciones, para implementar el acuerdo.
Sin embargo, en la audiencia del 19 de diciembre, según la procuradora judicial Fernanda García que estuvo a cargo del proceso, la Cancillería únicamente manifestó voluntad de suspender los actos administrativos que declararon desierto el proceso licitatorio, pero no entregó detalles de tiempo, modo, lugar de cómo se adjudicaría el contrato.
“El sábado 16 de diciembre, en entrevista con la Revista Semana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, anuncia que no conciliaría con la Unión Temporal Pasaportes 2021, en abierta contradicción con la decisión del Comité y en consecuencia con las normas que regulan la conciliación en la que intervienen entidades del Estado”, señaló Thomas Greg en su comunicado.
Así mismo, la Procuraduría había solicitado todos los documentos, audios y videos de las reuniones del Comité de Conciliación en las que se hubiera abordado el tema, para establecer el ánimo conciliatorio y las condiciones en las que se daría el acuerdo. Para las partes era claro que se había planteado la posibilidad de llegar a un arreglo extrajudicial, pero finalmente no se propuso en la audiencia.
Thomas Greg alega que no se habrían cumplido las normas de conciliación, debido a que los representantes de Comité señalaron que no tenían competencia para decidir sobre la revocatoria, adjudicación y aceptación de servicios adicionales que proponía la firma para continuar con el contrato.
“Las declaraciones del Ministro y la negativa del Comité (de ajustar la certificación a la que según el abogado se había aprobado), evidencian la ausencia total de ánimo conciliatorio”, señaló la Unión Temporal.
Sin embargo, en la audiencia el apoderado de la Cancillería señaló que no tenían interés en cambiar las condiciones iniciales que habían planteado para supuestamente conciliar. Una decisión que para la firma es contradictoria con lo que se había dado días antes.
Por esa razón piden que se investigue si no aclarar los términos del acuerdo puede responder a un dolo eventual dentro de la Cancillería y sus funcionarios para dar por terminado el pleito sin conciliación.
El ministro Álvaro Leyva ratificó en sus redes sociales que el Ministerio había sido presionado, presuntamente, para conciliar, pero no pudieron. Incluso calificó a Thomas Greg como “un cartel” de pasaportes. Además, se mostró confiado en que “el gobierno de @petrogustavo les ganará en los tribunales”.
La procuraduría señaló que serán las autoridades disciplinarias las que determinen abrir una indagación preliminar sobre el proceso, que podría llevar a establecer si se cometieron arbitrariedades o faltas durante la conciliación y licitación del contrato.
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