La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció un plazo de diez días para que Saúl Severini Caballero, ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magadalena, brinde información sobre los nexos que pudo haber tenido con empresarios y políticos de la región. Esto, en aras de evaluar si es aceptado como tercero civil por el tribunal.
“Revelará quiénes contribuyeron con recursos económicos, logísticos o de otra especie, para la instalación del Bloque Norte de las AUC en el municipio de Pivijay (Magdalena), así como en municipios vecinos. Hará referencia tanto a los terceros, como a los agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública. Suministrará los nombres, los roles y cargos que desempeñaban, así como las empresas, gremios o corporaciones que representaban o de las cuales formaban parte”, explicó la JEP, según conoció W Radio.
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Para allegar la información solicitada, el exparamilitar tendrá que entregar videos que sirvan como aporte a la verdad. En ellos también deberá mencionar si, sin cumplir un rol como paramilitar, sirvió como testaferro del grupo armado o si buscó obtener tierras de campesinos víctimas de desplazamiento forzado por el actuar de las AUC.
Además, tendrá que precisar la ubicación de fosas en las que se encuentren los cuerpos de víctimas del conflicto armado, si es que cuenta con dicha información. Y, no menos importante, deberá indicar cómo reparará a las víctimas de sus acciones delictivas.
Políticos, empresarios y uniformados
Según el medio citado, la JEP también ordenó que informe todo sobre la elección de José Félix Lafaurie, que funge como negociador del Gobierno nacional en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como presidente de Fedegan en 2004. Pues, en un documento que allegó a la Jurisdicción, indicó que tanto él, como los exparamilitares Jorge 40 y Salvatore Mancuso, tienen conocimiento sobre la manera en que fue elegido para ocupar el cargo que hoy ostenta.

Asimismo, en el material audiovisual que envíe, deberá informar sobre el papel que cumplió entre el Estado y el grupo paramilitar, indicando, sobre todo, el presunto involucramiento de dos integrantes de la fuerza pública: el coronel Luis Alejandro Ruiz y un mayor cuyo apellido es Montoya.
De acuerdo con El Espectador, sobre Saúl Saverini se sabe que trabajaba como ganadero y que, una vez se conocieron sus posibles nexos con el paramilitarismo, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por desplazamiento forzado, conformación de grupos ilegales, homicidio y concierto para delinquir. En 2006 llegó a ser detenido, pero al año siguiente consiguió su liberación por medio de un recurso de apelación que procedió.
En noviembre de 2022 reapareció con una carta enviada al recién posesionado presidente Gustavo Petro, en la que se refirió a su política de Paz Total. “Con marcada autoexigencia y con la enseñanza que me ha indicado el destino tras 14 años de forzada clandestinidad, procedo a describirle detalladamente el propósito de esta misiva; jurando ante Dios y ante la Patria que diré la verdad y solamente la verdad para tranquilidad absoluta de quien ha entendido con todo rigor que ha llegado el momento de sumar decidida y genuinamente a la construcción de una Paz Total”, se lee en la misiva, conocida por Semana.
Para cumplir a cabalidad con sus disposiciones, exigió el atender a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia y en la ley. Asimismo, indicó que lo que busca es que se respete el debido proceso, para así poder aportar a la verdad, a la reparación y a la no repetición de sus acciones delictivas.
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