
El patrullero de la Policía Nacional Harvey Damián Rodríguez Díaz fue condenado a 40 años de prisión por el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, ocurrido el nueve de septiembre de 2020. El uniformado había llegado a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para no tener una pena mayor a 20 años, pero después decidió retractarse y asegurar que es inocente.
No obstante, según conoció Semana, por orden de un juez especializado de Bogotá, ahora tendrá que pasar más tiempo privado de la libertad, pagando por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada. También tendrá que pagar una multa equivalente a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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En abril de 2023, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró demostrar que “el entonces integrante de la Policía Nacional actuó de manera desproporcionada contra la víctima, quien se encontraba en estado de indefensión. Adicionalmente, lejos de la misión constitucional que le asiste, no evitó el fatal desenlace y, por el contrario, fue partícipe”.
Por este caso también fue condenado el efectivo Juan Camilo Lloreda Cubillos, que obtuvo una pena de 20 años de prisión y una multa equivalente a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, determinadas por un juez en abril de 2021. El uniformado recibió una sentencia menor a la de Rodríguez Díaz debido a que el sí aceptó y continuó con el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía, en el que se estableció una reducción de la pena por el hecho de aceptar su participación en el crimen.
Los integrantes de la policía fueron llevados a la justicia por haber reducido de manera violenta a Ordóñez durante un operativo llevado a cabo frente a su conjunto residencial. También son responsables de haber sometido al estudiante a electrochoques con un dispositivo tipo taser, para luego llevarlo a un CAI donde fue golpeado en reiteradas ocasiones. Se trata de un caso de exceso de fuerza perpetrado por los efectivos en el ejercicio de sus funciones.
Parte de las agresiones en contra del alumno de Derecho, que provocaron su muerte, tuvieron lugar en el CAI de Villa Luz, ubicado en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. Durante la necropsia adelantada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los profesionales hallaron nueve fracturas en su cráneo y otras graves lesiones en su cuerpo.
Actuaciones disciplinarias contra otros policías

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el intendente Juan Gabriel Bohórquez Vanegas, que entonces fungió como comandante de patrulla de vigilancia del CAI Florida; y contra el patrullero Henry Alejandro Bonilla Bastidas, que era auxiliar de información del CAI Villa Luz.
El primero fue señalado de presuntamente haber bajado violentamente a Ordóñez de la patrulla de la policía, donde lo trasladaron hasta el CAI Villa Luz. Al parecer, lo hizo caer de rodillas contra el pavimento al sacarlo del vehículo de manera agresiva, aun cuando el estudiante estaba esposado de pies y manos. Debido a su estado de indefensión, no era necesario el uso de la fuerza para adelantar el procedimiento.
El segundo sería responsable de haber actuado con negligencia, al no hacer nada para impedir que dos uniformados atacaran a la víctima dentro del CAI. “Permitió que el Patrullero Lloreda Cubillos grabara los lamentos del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez sin prestarle ninguna asistencia y sin siquiera verificar el estado de salud del ciudadano”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
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