En una audiencia realizada el 4 y 5 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la paz ordenó la exhumación de 46 cuerpos que pertenecerían a indígenas del resguardo emberá chamí del territorio ancestral de San Lorenzo (Caldas), los cuales habían sido reportados como desaparecidos.
La diligencia, llevada a cabo en el Centro de Pensamiento José Edilberto Gañán de ese resguardo indígena, se realizó a raíz de las medidas cautelares ordenadas por la JEP para proteger el derecho a la búsqueda.
La orden se dio luego de dos incidentes de desacato que involucran al director de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, Germán Bernardo Carlosama López, que no cumplió con la orden de elaborar un protocolo intercultural, el cual, de acuerdo con la JEP: “Tenía como propósito dejar capacidad instalada en las autoridades indígenas en la localización, recuperación, identificación y entrega digna de personas desaparecidas”.
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Los otros señalados fueron contra el gobernador de Caldas, Luis Velásquez Cardona, y a los alcaldes Marco Londoño Zuluaga, de Supía; y Marlon Tamayo Bustamante, de Riosucio:
El órgano de justicia agregó que los mandatarios locales incumplieron en la falta de asignaciones presupuestarias adecuadas que aseguraran la conservación, resguardo y cuidado de los cuerpos no identificados y de aquellos identificados, pero no reclamados, sepultados en los cementerios de El Carmen y San Nicolás de esa región del país.
Cabe recordar que la JEP realizó la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares, la Sección de Ausencia de Reconocimiento por incumplimiento de las órdenes establecidas en los Autos AI 061 y AI 066, con fecha del 15 y 29 de septiembre de 2022, respectivamente.
De otro lado, Carlos Antonio Murillo, quien ocupa el cargo de subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal, informó que en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) solo se han registrado 39 muestras biológicas recopiladas de familiares de personas desaparecidas en Riosucio, además de tres en Supía. Estos municipios abarcan el resguardo de San Lorenzo, donde se han documentado al menos 200 personas desaparecidas a consecuencia del conflicto armado, incluidas las víctimas del resguardo indígena.
Por ello, con el propósito de avanzar con la identificación de las 46 víctimas, la JEP ordenó al Instituto Colombiano de Medicina Legal, realizar la toma de muestras biológicas faltantes en un lapso de cuatro meses, debido a que hasta el momento se solo se ha identificado cuatro:
“Con el fin de agilizar los procesos de identificación de cuerpos recuperados en cementerios como El Carmen de Riosucio, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó al Instituto Colombiano de Medicina Legal y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas elaborar una estrategia de tomas de muestras biológicas en lugares apartados de Colombia, particularmente en territorios étnicos, en un plazo de cuatro meses”, aseguró la JEP en el comunicado.
Otro desafío que afrontan las instituciones es la diferencia entre el sitio de exhumación de los cuerpos y el lugar donde desaparecieron las víctimas. En consecuencia, la sección indicó que deben dirigirse a áreas apartadas, incluyendo los territorios étnicos, para recoger las muestras biológicas de los familiares y completar el informe de desaparición.
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