
Desde Dubái, el presidente Gustavo Petro salió a defender al canciller Álvaro Leyva, que fue acusado de haber levantado a gritos a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, días antes de que se realizara la corta audiencia de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons, el 30 de noviembre.
El jefe de Estado no solo dijo que el ministro de Relaciones Exteriores no gritó a la funcionaria, sino que sostuvo que no permitirá que ninguna institución pública defienda intereses privados.
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En X, el presidente escribió: “No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados”.
El problema con esta publicación es que buscaría desmentir a Zamora, que dejó entrever, también en X, que Leyva sí la gritó y defendió su trabajo: “Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado”.

¿Qué fue lo que pasó?
Según El reporte Coronell de W Radio, días antes de que de la fugaz audiencia de conciliación del 30 de noviembre —que se aplazó para el 15 de diciembre—, el canciller Álvaro Leyva irrumpió en el despacho de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se acercó al escritorio de Martha Lucía Zambrano y apuntando con el dedo la levantó a gritos.
Así fue el momento, según relató Daniel Coronell:
—¡Usted no cuida al Presidente!, dijo Leyva
—¿Canciller por qué dice eso? Yo cumplo con mi deber.
—¡Ya usted ha oído lo que él piensa de los pasaportes!
Después, el canciller Leyva dijo que no le importa que condenen al Estado —por la demanda de Thomas Greg & Sons—, pues “con lo que se demora un proceso en Colombia”, él sería notificado “en la tumba. Cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”.
Según, Coronell, el ministro de Relaciones Exteriores salió del despacho de Zamora, que tomó su cartera y salió para, infortunadamente, volverse a encontrar con Leyva en el pasillo. Una vez más la gritó: “¡Voy a hablar con Petro! ¡Usted no lo cuida! ¡Yo soy el único que cuida al presidente!”
Los hechos los habría confirmado una fuente de la Cancillería a RCN Radio.

Luego de la publicación y con el escándalo armado, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se pronunció en X:

El 15 de diciembre será la conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons

La conciliación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma Thomas Greg & Sons, que estaba agendada para el 30 de noviembre, solo duró una hora, se suspendió y se reagendó para el 15 de diciembre.
La decisión de suspender la audiencia se basó en que la Cancillería advirtió que se acogía a la solicitud de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para buscar un acuerdo extralegal con la firma que desde hace más de 15 años se encarga de la manufactura de los pasaportes en Colombia. El abogado de Thomas Greg & Sons, Juan Pablo Estrada, también hizo una propuesta, que será estudiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hay que recordar que Thomas Greg & Sons llamó a conciliar a la Cancillería luego de que se declarara desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes en el país, por orden del presidente Gustavo Petro, que quiere que no se adjudiquen licitaciones con un único proponente. También es importante mencionar que la firma seguirá emitiendo los pasaportes hasta octubre de 2024, luego de que el ministerio declarara la urgencia manifiesta.

Las pretensiones de la firma están en torno a los $117.000 millones como compensación que, dicen, causó la resolución número 7485 del 13 de septiembre de 2023 que declaró desierta la licitación pública No. LP-001-2023. De estos, $117.000 millones son para resarcir la utilidad no percibida por la Unión Temporal Pasaportes 2023 —de la que hace parte Thomas Greg & Sons— y $10.000 millones por el daño reputacional.
De acuerdo con información de El Tiempo, el abogado Estrada, como representante de la firma, propuso renunciar a los $10.000 millones y ofrecer servicios adicionales por el orden de $4.000 millones. La Procuraduría General de la Nación, en cargada del proceso de conciliación, al conocer esta propuesta y la voluntad de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de llegar a un acuerdo para evitar un daño fiscal mayor.
En los prolegómenos de la audiencia circuló en medios de comunicación la versión de que el canciller Álvaro Leyva no quería conciliar, ya que, de acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, esto iba en contra de los deseos del presidente Gustavo Petro.

En X, el presidente se refirió a esta información el 29 de noviembre, recordando que su orden es declarar desierta toda licitación que tenga un único proponente:
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