Petro propuso congelar salarios de los altos funcionarios del Estado y le respondió el expresidente de la CUT: “Eso no está a discreción del presidente”

Por determinación del Gobierno Nacional, para el 2024 no se subirán los salarios de los funcionarios de las tres ramas del poder público, como consecuencia de que la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo de la reforma tributaria.

“Para el 2024 no pueden subir los altos salarios en las tres ramas del Poder Público ni en las entidades descentralizadas. Sería un suicidio económico. Esto ayudará a una parte del hueco de 6,5 billones que nos deja esta decisión”, aseguró el primer mandatario desde Cartagena.

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Es cierto que la medida puede afectar a una gran cantidad de personas que trabajan en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No obstante, de acuerdo con el presidente Petro la medida busca evitar el impacto fiscal frente a lo que se dejará de percibir por la reforma tributaria. A eso hay que sumarle que se aproximan obligaciones como el pago de la primera cuota del crédito flash que se adquirió con el Fondo Monetario Internacional.

Además, según el jefe de Estado, Colombia debe “subir el pago de la deuda de $70 a $96 billones, y $6,5 billones menos de ingresos. Tenemos que mirar por dónde recortamos para que el golpe no sea mortal para Colombia”. Añadió que bajo su gobierno las deudas se seguirán pagando y que la inversión no sufrirá recortes y, bajo esa premisa, los sacrificados, en primera instancia, serán los altos funcionarios del gobierno, la rama judicial y la legislativa.

“También habrá recortes en gastos de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. De ese modo esperamos cubrir el hueco generado a dos meses del inicio de un nuevo año”, puntualizó.

El recorte en el presupuesto de la nación se abrió porque la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo de la reforma tributaria que pretendía prohibir la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas mineras.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde Catherine Juvinao, quien en varias oportunidades ha sido de las más críticas del Gobierno, celebró la decisión del Gobierno Nacional. “Por supuesto que estoy de acuerdo y apoyo esta medida. No precisamente porque el Gobierno esté armando presupuestos con pajaritos en el aire y luego se dé cuenta de que esa plata no existe, sino porque es una medida ética de equidad que envía el mensaje correcto a la sociedad”, aseguró la representante.

Por otra parte, tras el anuncio del Presidente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que es verdad que no se aumentarán los salarios de los funcionarios, pero sí habrá un incremento menor para 2024. “Esa decisión tiene un impacto a corto plazo y significa que tenemos un desfinanciamiento del presupuesto de 2024 de $3.8 billones que hay que agregar la retención de la fuente y que va a ser deducida. Por lo tanto tenemos que hacer un recorte de presupuesto de $6.5 billones”, sentenció el jefe de cartera.

Según dijo el ministro Bonilla la reducción del presupuesto se deberá hacer proporcionalmente para todas las ramas del poder público incluyendo organismos de control. “Todos van a tener un impacto en la reducción. En materia de ingresos de los funcionarios va a tener un diferencial de incremento en términos de que ingresos bajos será proporcional”.

Molestia en otros sectores

El anuncio del Presidente generó algunas molestias entre diferentes sectores, como el del expresidente de la CUT, Diógenes Orjuela. El sindicalista le recordó al mandatario que los aumentos de todos los trabajadores del Estado ya están reglamentados por los resultados y acuerdos de las negociaciones entre las centrales obreras y las federaciones estatales.

“Para el año 2023, el incremento que se le hizo a todos los servidores del Estado fue de 1.5 y, por eso, el incremento general fue inflación más 1.5. Para el año 2024 está acordado igualmente que el incremento es de 1.6″, comentó Orjuela.

Con base en ello, Orjuela aseveró que lo que se debe hacer es aplicar dicho acuerdo una vez se conozca la cifra de inflación del presente año. “Eso no está a discreción ni del presidente de la República ni de ningún otro funcionario. Fue negociado y firmado por el ministro de Hacienda que ejerce hoy, el doctor Bonilla (...) Es el mayor acuerdo que se hace en la negociación colectiva en Colombia, que cubre más o menos a 1.300.000 trabajadores del Estado, de los ministerios, o Fuerzas Armadas”, reiteró.