Contraloría halló millonarias irregularidades en contratos para la seguridad, logística y obras en cárceles de Barranquilla

La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por un valor total de $25.038 millones en cárceles y establecimientos penitenciarios de Barranquilla.

Mediante una actuación especial de fiscalización y auditorías de cumplimiento, el ente de control fiscal encontró irregularidades en varios contratos relacionados con obras para la mejora de la infraestructura.

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Inicialmente, en una auditoría realizada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se evidenció un hallazgo disciplinario y fiscal en el establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (PMSC) de Barranquilla, sobre el contrato 306 de 2019, por valor de $23.783 millones.

Las irregularidades se habrían generado por la no entrega del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden Nacional: 1 EPMSC Barranquilla, el cual no ha sido recibido por parte del INPEC y los espacios no han entrado en operación.

Así mismo, se detectaron pendientes en temas de seguridad, logística y obras complementarias, que no fueron contempladas en la estructuración del proyecto de infraestructura modular en este establecimiento.

Adicionalmente, no se cuenta con estructura para alojamiento de guardia, puesto que es necesario aumentar el pie de fuerza para su ampliación. De igual forma, la Contraloría evidenció que requiere la construcción del portal de ingreso, el cual incluye el cuarto de monitoreo, dado que la estructura antigua no dispone de este espacio y no tiene la respectiva dotación de seguridad electrónica necesaria para la entrada en operación.

El establecimiento tiene una capacidad para 640 personas privadas de la libertad en el sector antiguo y 510 cupos en la infraestructura modular. Actualmente, se presenta una ocupación del sector antiguo de 1.175 privados de la libertad.

De acuerdo con la Contraloría, la no entrega de los modulares está impactando negativamente en el propósito de descongestión carcelaria y aumentando la problemática de hacinamiento que presenta el país.

La segunda auditoria que realizó la Contraloría fue en la USPEC en el segundo semestre de 2022. En desarrollo de esta actuación, se evidenciaron dos hallazgos con presunta connotación disciplinaria y fiscal por valor de $1.254 millones, relacionados con la infraestructura física de dos cárceles en Barranquilla, derivados de un contrato interadministrativo suscrito entre la USPEC y ENTerritorio en 2016.

En un primer hallazgo de esta segunda auditoría, se evidenciaron situaciones similares en estos dos establecimientos penitenciarios:

• Primer hecho: un presunto detrimento patrimonial por valor de $795.368.469, que corresponde a los recursos pagados en las actividades de obra para la adecuación de la red eléctrica e instalación de luminarias del establecimiento penitenciario El Bosque.
• Segundo hecho: un presunto detrimento patrimonial por valor de $297.384.918, por la misma razón, en La Modelo de Barranquilla.

Este hallazgo fue trasladado por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, encargada de investigar e imponer medidas frente a las irregularidades presentadas.

Un segundo hallazgo se deriva de la revisión del contrato 221 de 2019 relacionada con la Estructura Unidad de Tratamiento Especial CMSBA La Modelo de Barranquilla.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, a pesar de haber finalizado la ejecución física de la estructura empleada por las personas privadas de la libertad, actualmente no es posible realizar ocupación de este establecimiento carcelario.

Como resultado de la auditoría, el ente de control fiscal encontró deficiencias en la planeación entre USPEC e INPEC, las cuales limitan el ingreso de los privados de la libertad e impiden la descongestión carcelaria. Esto conlleva un riesgo de seguridad para el establecimiento.

Dichos problemas de planeación que acentúan el hacinamiento en las cárceles de Barranquilla generan un detrimento patrimonial de $161.980.531.