
En un espacio de conversación sociojurídica para la construcción de paz, las estructuras armadas presentes en el distrito portuario del Litoral Pacífico, Buenaventura, conocidas como los Shottas y Espartanos, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Nacional, se comprometieron a cesar los actos violentos a partir del 9 de noviembre de 2023, una medida que se extenderá hasta el 4 de febrero de 2024. En el encuentro, anunciaron la implementación de un mecanismo de verificación.
La situación ha sido monitoreada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El 9 de agosto de 2023, las dos estructuras criminales, Shottas y Espartanos que agrupan una cantidad cercana a los 1.760 jóvenes, ya habían asumido el compromiso de reducir los actos de violencia, aunque en aquella ocasión había sido inicialmente por un período de 30 días.
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“Asumieron el compromiso de llevar a cabo acciones para disminuir la violencia, generar confianza y crear un ambiente de credibilidad en torno a la Paz Urbana. Los compromisos incluyen la reducción del hurto, el rechazo de la extorsión, la eliminación de las fronteras invisibles y el establecimiento de una tregua entre los grupos por un término inicial de 30 días”, declaró la entidad.
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Actualmente, el cese de acciones violentas por parte de ambas estructuras iría hasta febrero de 2024 y, de acuerdo con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, esta decisión garantiza la vida y la integridad de más de 400.000 personas que viven en Buenaventura. Además, dijo que este es un ejemplo de grupos armados asumiendo compromisos en torno a la vida.
“Este es un ejemplo importante de cómo grupos armados que están en disputas territoriales asumen compromisos en torno a la vida. Si aquí hemos logrado acuerdos de esta naturaleza es posible hacer lo mismo con grupos armados que operan en otras geografías de Colombia”, dijo el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
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El primer acercamiento como tal empezó en julio de 2023, mientras que el 18 de octubre empezaron los diálogos.

En el desarrollo del evento anunciaron que este proceso tendrá un mecanismo de verificación y atención permanente, que será instalada el 10 de noviembre de 2023. Con esto, esperan garantizar para los ciudadanos poder denunciar cualquier tipo de infracción que se dé del cese de hostilidades por parte de miembros de cualquiera de las dos estructuras criminales anteriormente mencionadas.
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Para llevar a cabo la reunión, el alto comisionado para la Paz se reunió con el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, con el arzobispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, y delegados de la Organización de las Naciones Unidas.
Adicionalmente, en ese espacio, informaron desde el Gobierno nacional que llevarán a cabo la respectiva identificación de las causas de las violencias generadas por estas dos estructuras y manifestaron que darán prioridad a la discusión sobre las economías ilícitas e ilegales.
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En cuanto a este espacio de cese de actos violentos por parte de las dos estructuras armadas, el alto comisionado para la Paz explicó que tanto la delegación del gobierno como ambos grupos llevarán a cabo una discusión basada en asuntos de relevancia para la ciudadanía, esto a través de un acuerdo metodológico.
“Los dos grupos armados, junto con la delegación de Gobierno, empezarán a desarrollar, con base en un acuerdo metodológico, una discusión de asuntos que son importantes para la ciudadanía: cómo lograr enfrentar las causas y las razones permanentes del ejercicio de la violencia armada en Buenaventura; cómo enfrentar lo que existe detrás de esas expresiones armadas, los asuntos de las economías ilícitas e ilegales y cuáles son las expectativas que los integrantes de estos dos grupos tienen en relación con sus planes y proyectos de vida”, explicó.
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