
El Corredor Verde sobre la carrera séptima, uno de los proyectos más polémicos de la administración de Claudia López, podría “revivir”, pues el 2 de noviembre de 2023, el Tribunal de Cundinamarca admitió una acción de tutela que instauró la Alcaldía de Bogotá con el fin de que la licitación de las obras entre en vigencia nuevamente.
Según información de Semana, la Sección Tercera del tribunal, con ponencia de la magistrada Beatriz Teresa Galvis, además de admitir la demanda, no concedió dictar la medida cautelar con la que el distrito pretendía anular el fallo que se frenó la licitación del proyecto.
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La alcaldía había solicitado dicha medida teniendo en cuenta que, según señalaron desde el organismo, el fallo emitido por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá “se fundó en una interpretación equivocada e incompleta del artículo 105 del programa de gobierno 2020-2023″.
En la demanda, el distrito advertía que en el fallo que frenó la licitación no se tuvieron en cuenta “las pruebas que acreditan que el proyecto corredor verde por la séptima es distinto al proyecto del IDU de los años 2017 y 2018″.
También se argumentó que con la suspensión de la licitación se podrían generar grandes pérdidas económicas, teniendo en cuenta el dinero invertido para los estudios, diseños y contratos relacionados con el proyecto.
Suspensión de la licitación del Corredor Verde no representaría motivos suficientes para aceptar la medida cautelar
A pesar de ello, los elementos expuestos por la administración distrital no soportarían motivos suficientes para que el tribunal acepte la medida cautelar´.
Desde el Tribunal también reconocieron que el fallo que suspende la licitación podría afectar intereses económicos en la capital de la República, pero, advirtieron que esto no representaría aspectos suficientes como para que la Corte Constitucional avale la petición y tumbar la decisión del Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Una de las maneras bajo las que el Tribunal Superior de Cundinamarca podría aceptar la medida cautelar sería que la Alcaldía demuestre que el fallo emitido por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá represente una “amenaza cierta, inminente y grave sobre un derecho fundamental”, así como “un perjuicio irremediable en cabeza del eventual titular del mismo”.
A pesar de que inicialmente se negó la medida cautelar solicitada por la administración distrital, el Tribunal sí estudiará la acción de tutela que se interpuso, por lo que solicitó que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) también sea vinculado al proceso, del cual se espera que en las próximas semanas se tome una decisión final.
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