Polémica por nuevo y jugoso contrato para eventos logísticos de Gustavo Petro: supera los miles de millones

Controversia causó en las redes sociales el nuevo contrato firmado el 31 de octubre de 2023 por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en el que se contrató a la firma Plaza Mayor Medellín para la prestación de servicios logísticos en los eventos del Ejecutivo, que tanta controversia han causado no solo por la inversión prevista en ellos, sino los intereses que habría detrás.

El contrato, del orden de los $3.645.932.114 millones, en los que se especifica que la reconocida firma de la capital antioqueña estará a cargo de la planificación y producción de los eventos del presidente de la República, Gustavo Petro, por los próximos seis meses, pues se extenderá hasta el 30 de abril de 2024.

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Así lo revelaron medios como Blu Radio y Caracol Radio, al divulgar el contenido del contrato interadministrativo 585-23, firmado por Luz Karime Fernández Castillo, en su calidad de subdirectora general del organismo estatal, y Víctor Hugo Zapata Madrigal, gerente general de Plaza Mayor Medellín.

¿En qué se invertirán los recursos del millonario contrato?

De acuerdo con el contrato, del monto destinado, un total de 1.848.604.854 serán para eventos organizados por la Consejería Presidencial para las Regiones; $822.085.192 para la Jefatura de Despacho presidencial, en su grupo de eventos; y el Área Administrativa, en su grupo de salones de Estado y casas privadas, por $945.242.068.

Entre las obligaciones contractuales, se incluyen mesas de trabajo con los alcaldes y gobernadores del país. Además de lo que se ha denominado el diálogo social en las regiones, que busca afianzar la presencia del Gobierno nacional, a través de actividades en las que el grueso del gabinete ministerial se traslada junto al jefe de Estado a diferentes partes del país, con el fin de despachar desde el territorio.

Del mismo modo, entre sus obligaciones, está que el contratista deberá organizar la logística para eventos en los que esté el primer mandatario de los colombianos a nivel internacional; además de los llamados Gobierno con el Cambio y Gobierno Escucha.

En el documento, incluso, se especifica que deben estar dispuestos para organizar las llamadas “ollas comunitarias” en comunidades indígenas y afrodescendientes, “y demás grupos o territorios en donde se requiera el servicio, una vez cumplida la concertación respectiva”. Lo que causó controversia en redes como X (antes Twitter), por parte de miembros de los partidos de oposición.

En el contrato divulgado, se detalla los precios máximos que se deben pagar por artículos como botellas de agua y almuerzos, divididos estos en dos categorías (A y B), además de refrigerios, categorizados en cuatro ítems; los objetos destinados para los invitados y su comodidad, precios por utensilios desechables y hasta el costo por baños portátiles.

A su vez, el valor máximo por paquetes de bolsas de basura, alquiler de carpas, cavas, bebidas gaseosas y energizantes, computadores, estaciones de café, generadores eléctricos, video beams, impresoras, snacks, y la contratación de servicios de ingenieros de sonido y personal logístico, además de la adquisición micrófonos, pantallas LED, sillas y vallas de contención, entre otros detalles que se consideran vitales.

Este contrato se conoce tras la polémica por la inversión del Estado en las reuniones de los encuentros del Gobierno con el Pueblo en Bogotá, en localidades como Bosa, Engativá, Suba y Kennedy, que según la información dada a conocer por la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, se superó los $500 millones; según ella, para hacerle campaña al entonces candidato a la Alcaldía Gustavo Bolívar.