La entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025, emitido por el Gobierno Nacional, ha provocado un fuerte incremento en los precios de licores y cigarrillos en Colombia, generando preocupación entre consumidores, autoridades regionales e industria licorera.
La medida, que busca aumentar el recaudo nacional en más de 11 billones de pesos, incluye cambios significativos en el IVA y el impuesto al consumo, afectando de manera directa el bolsillo de los colombianos.
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Aumento del IVA y del impuesto al consumo
El cambio más relevante del decreto es el aumento del IVA sobre bebidas alcohólicas, que pasó del 5% al 19%, modificando de forma inmediata el precio final que paga el consumidor. Además, se incrementó en un 119% la tarifa del componente específico del impuesto al consumo, pasando de 342 pesos en 2025 a 750 pesos por grado alcoholimétrico en unidades de 750 mililitros.
Adicionalmente, el componente ad valorem del impuesto al consumo, que se calcula sobre el precio de venta al público antes de impuestos, subió del 25% al 30%, afectando a aguardientes, rones, whiskys y otras bebidas alcohólicas. Para los cigarrillos, el impuesto pasó de poco más de 4.000 pesos por cajetilla a más de 11.000 pesos, más del doble del valor anterior, según Caracol Radio.
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Impacto en los precios de licores
La Industria Licorera de Caldas y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) revelaron los nuevos precios sugeridos para 2026:
- Aguardiente Amarillo de Manzanares (750 ml): de 49.705 a 71.112 pesos, un aumento del 43%.
- Ron Viejo de Caldas tradicional (750 ml): de 54.545 a 84.604 pesos, incremento del 55%.
- Aguardiente Antioqueño (750 ml): de 17.500 a 33.000 pesos solo en impuestos, un alza superior al 48%.
- Rones: incremento superior al 45% en el precio final.
En el caso de los whiskys importados, los ajustes también son notorios: Old Parr 12 años pasa de 135.000–165.000 pesos a 136.000–178.000 pesos, y Buchanan’s estándar de 147.000–180.000 a 170.000–215.000 pesos, dependiendo de la presentación.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos, advirtió que la subida de impuestos podría incentivar el contrabando y la circulación de licor adulterado, poniendo en riesgo la seguridad y salud de los consumidores.
Repercusiones económicas y regionales
La industria licorera representa aproximadamente 1,5 % del PIB colombiano y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos. Según la ILC, en los últimos dos años aportó cerca de 1,2 billones de pesos en impuestos, de los cuales 120.000 millones correspondían a Caldas. Sin embargo, con los nuevos ajustes, la recaudación regional se verá afectada, ya que los fondos que antes financiaban salud, educación y deporte ahora se destinarán principalmente al Presupuesto General de la Nación.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que si las ventas de licores no se mantienen, el departamento podría dejar de recibir hasta 200.000 millones de pesos destinados a proyectos sociales, incluyendo viviendas de interés social para 12.000 familias.
Riesgo de contrabando y mercado ilegal
Autoridades regionales alertan que el aumento en los precios legales incentivará el consumo de licor y tabaco ilegal, afectando la recaudación departamental y exponiendo a los consumidores a bebidas adulteradas. La ILC estima que cerca del 24 % del licor consumido en Colombia es ilegal, cifra que podría aumentar con los nuevos tributos.
Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, señaló que las bebidas alcohólicas representan 3,88% del gasto de los hogares y un peso cercano al 1,7% en el índice de precios al consumidor (IPC). Con el nuevo IVA, los precios subieron alrededor de 13%, lo que eleva el IPC total en 0,22%, afectando la economía de los hogares.
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Controversia política y demandas legales
El decreto también generó controversia política y jurídica. La semana pasada, 17 de 32 gobernadores desconocieron la emergencia económica, considerándola inconstitucional. Además, el senador Fernando Motoa presentó una demanda ante la Corte Constitucional para revisar la validez del decreto, argumentando que la emergencia económica no fue debidamente justificada y que el traslado de recursos desde las regiones hacia la Nación pone en riesgo programas sociales y educativos.
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