En una rueda de prensa, el fiscal Francisco Barbosa explicó la estrategia investigativa y judicial que se ha venido implementando en Colombia con la que se ha buscado hacer frente a posibles delitos que se presenten en durante el transcurso de esta época electoral y en el día de las elecciones regionales: 29 de octubre de 2023.
“Estamos listos, queremos enviarle un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad, la Fiscalía General de la Nación protege a la democracia, protege el derecho de los ciudadanos a salir el domingo a que puedan ejercer libremente su derecho democrático a relegitimar las autoridades en Colombia”, precisó Barbosa.
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De acuerdo con el fiscal, en correspondencia al plan en cuestión, la Fiscalía ha abierto 1.519 investigaciones desde el 29 de junio de 2023, relacionadas con delitos que podrían afectar el certamen electoral. De ellas, 479 corresponden a amenazas; 222 a intimidaciones contra aspirantes a diversas alcaldías; 7, por el asesinato de seis de candidatos a concejo y de un candidato a una Junta Administradora Local (JAL); y 7, por intentos de homicidio.
Asimismo, hay otras 228 investigaciones activas por los delitos de injuria y calumnia; 38, por daño en bien ajeno; 33, por delitos contra la administración pública; y 1 por delito informático. A estos procesos se suman 447 por delitos electorales, los cuales se dividen de la siguiente manera: 224 corresponden a fraude procesal; 96, a constreñimiento al sufragante; 79, a corrupción al sufragante; 32, a intervención política; 12, a fraude al sufragante y a financiación de campañas electorales con recursos prohibidos; y 8, a tráfico de votos.
El Mapa de Riesgo Electoral
Dentro de la estrategia también se incluyó la elaboración de un Mapa de Riesgo Electoral en el que figuran 259 municipios que tienen un riesgo alto de presentar acciones delictivas que afecten los comicios del 29 de octubre. Otros 494 están en riesgo medio y 368, en bajo. Las investigaciones sobre problemas de orden público en el país evidencian que 26 municipios de Chocó, 4 de Guaviare, 7 de Arauca, y 12 de Caquetá están en riesgo alto por operaciones de grupos armados en los territorios.
Mientras tanto, 64 municipios distribuidos entre los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre y Chocó están en riesgo alto por fraude electoral y Cauca, Arauca, Putumayo, Caquetá y Cesar, por violencia contra líderes políticos.
En ese sentido, el fiscal Barbosa aseguró que la entidad busca garantizar unas elecciones regionales transparentes en las que la población pueda ejercer su voto libremente. Por eso, 5.700 fiscales y policías judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) han sido desplegados en el territorio nacional para que apoyen las investigaciones que surgen en las diferentes regiones.
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