
El exalcalde de la ciudad Enrique Peñalosa arremetió contra el juez 35 administrativo de Bogotá, a quien acusó de ser “arrogante” e “ignorante” por su decisión de suspender la licitación de la obra del corredor verde por la carrera Séptima de Bogotá.
Este controvertido fallo judicial se produjo tras la revisión de una acción popular presentada por dos ciudadanos al comienzo de septiembre. En su veredicto, el juez ordenó la suspensión de la licitación y la modificación del diseño del corredor verde en la Séptima.
Su dictamen establece: “Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) suspender el proceso Licitatorio No. IDU-LP-DG-003-2023, hasta tanto el proyecto del Corredor Verde por la carrera Séptima sea ajustado y eliminada de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo, o se profiera sentencia que resuelva de fondo el objeto del litigio planteado”.
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Este episodio ha suscitado un intenso debate sobre quién debe tener la autoridad para definir la movilidad en la ciudad y cómo se deben abordar los proyectos de transporte público masivo.
Una de las voces más críticas ha sido la de Enrique Peñalosa, que por medio de su cuenta de X opinó:

Con pullas, Peñalosa apoyó propuesta del presidente Petro
En la agitada arena política de Bogotá, dos exalcaldes, Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, han sorprendido a muchos al encontrar terreno común en su lucha contra la compra de votos y la corrupción política. A pesar de sus profundas diferencias ideológicas y su historial de oposición, ambos líderes han expresado su compromiso con la erradicación de estas prácticas perjudiciales para la democracia.
El martes 24 de octubre, Gustavo Petro anunció una nueva estrategia para combatir la compra de votos en respuesta a una denuncia ciudadana que señalaba a un individuo realizando esta actividad ilícita. Petro, en un mensaje en las redes sociales, instó a la Fiscalía de Colombia a investigar el incidente y prometió evaluar a los jefes seccionales de policía, según su eficacia en la captura de los responsables de delitos contra el sufragio.
Además, Petro llamó a la ciudadanía a grabar cualquier actividad irregular que detecten en las campañas y ofreció recompensas de uno a cinco millones de pesos a quienes proporcionen información y pruebas de casos de corrupción relacionados con la compra de votos.
Este enfoque de Petro recibió elogios de su ex rival político, Enrique Peñalosa, quien aplaudió la intención de acabar con la compra de votos. Sin embargo, Peñalosa también planteó un punto adicional de preocupación. Abogó por sancionar no solo la compra de votos, sino también la compra de congresistas para obtener apoyo a reformas gubernamentales que considera perjudiciales para el país.
Además, Peñalosa insinuó que las reformas del Gobierno podrían estar avanzando en el Congreso debido a sobornos, desafiando la creencia de que se aprueban por razones técnicas y en beneficio del interés público.
Las declaraciones de ambos exalcaldes han generado un debate público sobre la necesidad de erradicar la corrupción en la política colombiana y han resaltado la importancia de una participación ciudadana activa en la denuncia de prácticas ilegales. Gustavo Petro también reveló que los informantes podrían recibir hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que la policía nacional pueda decomisar, lo que muestra un enfoque más integral en la lucha contra esta práctica perjudicial.
Entre tanto, por medio de su cuenta de X, Enrique Peñalosa aseguró que un metro elevado es más agradable y seguro para los pasajeros, opinión contraria a la que tiene el Presidente Gustavo.
Peñalosa comentó que no importa si el metro es elevado o subterráneo, pues la capacidad de transportar pasajeros es la misma, por lo que los únicos que creen que será mejor para la ciudad son los seguidores del presidente.
“La capacidad de un metro elevado y uno subterráneo es la misma. Los únicos en el planeta que creen que es mayor la del subterráneo son Petro y los petristas”.
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