El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, durante la rueda de prensa que dio el 25 de octubre, se refirió al informe que hizo público el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, en el que se advierte que 533 candidatos a concejos y alcaldías podrían estar inhabilitados por haber suscrito contratos con los entes territoriales en donde aspiran ser elegidos.
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Además, reiteró que los entes competentes para adelantar este tipo de investigaciones son los órganos de control, el ente acusador y el Consejo Nacional Electoral y que el Gobierno nacional debe respetar la Constitución de 1991: “En ese sentido es claro que es a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. ¡Qué no les gusta! Esa es la Constitución que tuvieron que jurar”.
Durante la rueda de prensa, el fiscal Barbosa también advirtió que al menos siete candidatos han sido asesinados desde que arrancó la campaña electoral: “Seis víctimas corresponden a candidatos a concejos y otro a una Junta Administrativa Local (JAL)” y señaló que dos de los candidatos eran del Partido Liberal y que el resto eran del Pacto Histórico, los partidos Alianza Verde, Gente en Movimiento, Cambio Radical y Creemos.
Los crímenes, precisó el fiscal Barbosa, fueron cometidos en los municipios de Taminango, Guachené, Pradera y Jamundí, en el suroeste del país; en Honda, cercano a Bogotá; Mutatá, en el departamento de Antioquia, y en Cartagena de Indias, y anunció que se están investigando y que han recibido 531 denuncias de amenazas en contra de candidatos: “Hoy podemos decirle al país que estamos investigando siete homicidios y siete tentativas de homicidio en el marco del proceso electoral”.
También dijo que hay “1.519 casos abiertos” en la Fiscalía gracias a la “estrategia transitoria de investigación y judicialización” y que hay 5.700 funcionarios del ente acusador en todo el territorio nacional para cubrir las elecciones y señaló que la entidad a su cargo diseñó un “mapa de riesgo electoral” en el que se analizó la situación de seguridad que viven los municipios del país, que da cuenta de que “más de la mitad del país está en riesgo frente al proceso electoral”.
Volviendo al informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el 18 de octubre, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que están estudiando si Idárraga podría verse envuelto en una investigación disciplinaria por participación indebida en política: “Estamos evaluando, en virtud de algunas informaciones que nos han presentado, la situación de su manifestación para analizar antes de tomar cualquier medida, como es lo correcto, si hubo o no injerencia en participación política. El secretario de Transparencia es una persona que da recomendaciones a los entes”.
La jefa del Ministerio Público también dijo: “Recordémosle a cada entidad sus competencias, cada cual tiene que asumir y tener claras cuáles son sus competencias. El secretario de Transparencia es un funcionario público que tiene que respetar con mucho cuidado todas las actuaciones y manifestaciones que hace hacia el público, que ejerce una función de secretario técnico de la Comisión de moralidad”.
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