
La Procuraduría General de la Nación advierte que en lo corrido del año han aumentado los casos de reclutamiento de menores de edad por parte de estructuras armadas. Además, el Bienestar Familia (ICBF) reportó que han atendido a 134 niños que han sido liberados por los grupos criminales.
La entidad emitió la alerta debido en seguimiento de la preocupante problemática de reclutamiento de menores después de su visita al departamento de Caquetá, en donde “confirmó la grave situación de riesgo a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, en varios de sus municipios”, indica el comunicado de la Procuraduría.
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El Boletín Estadístico de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ratifica con la alerta emitida por la Procuraduría puesto que manifiesta la desvinculación de 134 niñas y niños en 11 departamentos Caquetá: “Florencia (4), San Vicente (1), Puerto Rico (2), Solano (3), Solita (1)”.
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“Estas cifras coinciden con las alertas de la Defensoría del Pueblo que ubican incluso al departamento del Caquetá entre los 20 departamentos más afectados con esta problemática”, señaló Viviana Mora, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, mujer y familia.

El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo identificó que los departamentos con mayor riesgo de reclutamiento son: Quindío, Santander, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Nariño, Sucre, Tolima, Guaviare, Vichada, Guainía y Norte de Santander.
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La entidad que trabaja por la defensa de la dignidad humana del territorio nacional manifestó que en el periodo entre 1999 al 9 de octubre de 2023 ha ingresado al programa de atención especializada por la atención de menores liberados por las estructuras armadas un total de 7.455 menores de edad, esta cifra podría ser mayor si no existiera el miedo a denunciar y debido a los fenómenos de desplazamiento.
Debido a la situación alarmante, la Procuraduría le pidió al jefe de Estado, Gustavo Petro, que tome medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran estado de vulneración ante los actos de los grupos criminales, además, invita a trabajar en políticas de prevención del reclutamiento.
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“El órgano de control insistió al Gobierno Nacional la urgencia de materializar la política publica de prevención de reclutamiento, así como en la premura de contar con bases de datos que logren la identificación de la totalidad menores de edad que han sido reclutados, desvinculados e ingresados a los distintos programas del ICBF, lo que permitiría desarrollar e implementar acciones urgentes eficientes para la prevención temprana y de protección, que logren disminuir los factores de riesgo, transformar los entornos de protección y la reducción de todas las formas de violencia”, indica el comunicado de la entidad.

La procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer, Viviana Mora, también le pidió al Gobierno y dio sugerencias para prevenir que más niños sean víctimas de reclutamiento por grupos ilegales.
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“Que se aumente el apoyo a la fuerza pública para poder garantizar entornos seguros en las instituciones educativas pero también en los medios familiares y en las familias colombianas de los territorios más afectados y muy importante poder contar con unos sistemas de información unificados sobre reporte de casos lo que va a incidir en que se adelanten acciones eficientes de prevención inmediata, urgente y de protección”, afirmó Viviana Mora.
En su momento el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, también hizo un llamado al Estado ante el aumento de casos que se ha evidenciado en el transcurso del años: “Mi llamado es a fortalecer los recursos financieros y de personal, la respuesta institucional, que haya una mayor capacitación, mejores equipos tecnológicos y más funcionarios competentes; en especial, que sea promovida la oferta social y educativa como una medida para prevenir la ocurrencia de estos hechos”.
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