
Francisco Farfán, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se declaró impedido en los casos en los que el alto tribunal investiga al hoy senador César, José Alfredo Gnecco, sobrino de la prófuga Cielo Gnecco, tras el escándalo por supuestas filtraciones para beneficiar a esta familia, en los procesos judiciales que afronta.
Así lo comunicó Cesar Reyes, presidente de la sala de instrucción de la Corte, luego de que el implicado también manifestara su deseo de ser investigado de las conductas que se lo señalan, por parte de entes de control como la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
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En su pronunciamiento, Reyes acotó que, desde la Sala de Instrucción de la Corte, se hace un llamado a las autoridades competentes “para que, desde las instancias legalmente establecidas en el marco de las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, se investigue con celeridad y rigor este hecho y los que se desprendan de él”, expresó.
El impedimento presentado por el magistrado deberá ser discutido por la sala en los próximos días, que tendrá que determinar en pleno si acepta o rechaza esta solicitud.

La llamada que tiene en líos al magistrado Francisco Farfán
Farfán está en el centro de la polémica tras la revelación de Noticias Caracol, en la que Cielo Gnecco, que es considerada la matrona de un poderoso clan político que ha gobernado durante años en Cesar, revelara en una comunicación telefónica que fue el magistrado el que les informó que estaban siendo interceptados por las autoridades.
Según el reporte periodístico, fue Cielo la que advirtió al congresista que sus líneas celulares estaban siendo escuchadas como parte de la investigación que ordenó el magistrado Farfán el 14 de mayo de 2019, para determinar si, en efecto, hubo constreñimiento al elector por parte de José Alfredo Gnecco.
De acuerdo con el senador, quien lo puso en alerta sobre estos seguimientos fue el magistrado de la Corte Suprema; afirmación que rechazó el togado. En su defensa, Farfán dijo que lo manifestado por la matrona no es cierto, por lo que la denunció por el delito de injuria y calumnia a la política, que se encuentra evadiendo a la justicia.

Aunque no descartó que haya obtenido por otras vías esta información, el magistrado fue enfático en manifestar que no provino de su despacho. Por este motivo, el togado reiteró que tanto el ente acusador como el legislativo revisen sus actuaciones, para determinar su situación.
En su explicación, Farfán señaló que es incongruente que el magistrado sustanciador, que es el que ordenó la interceptación telefónica en este caso, como una diligencia reservada, sea el que le comunique a los afectados con la decisión que no se comuniquen a través de ese medio.
“Habría sido más fácil y sencillo, si se le quisiera favorecer, simplemente no disponer tal diligencia”, se leyó en la denuncia interpuesta por Farfán, que en febrero de 2022, al parecer al no encontrar mérito para continuar con la indagación, archivó el caso.
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