
El martes 17 de octubre el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de un comunicado, expresó su beneplácito con el Gobierno colombiano respecto a los procesos para cesar el conflicto que se iniciaron recientemente con el Estado Mayor Central (EMC) y meses atrás con el ELN.
“Reiteraron su apoyo pleno y unánime al proceso de paz en Colombia. Destacaron la importancia de garantizar la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y reconocieron los esfuerzos para buscar una paz más amplia, incluyendo la implementación de los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los recientes anuncios sobre el grupo armado autodenominado Estado Mayor Central (EMC) (sic)”, señalaron.
Sobre la mesa de diálogo con los insurgente del EMC, que se instaló oficialmente el pasado lunes festivo en Tibú (Norte de Santander), en la conflictiva región del Catatumbo, destacaron que se haya logrado una pausa en las hostilidades y evalúan si lo monitorean.
“Tomaron nota del anuncio de un cese al fuego planificado en octubre de 2023 entre el gobierno y EMC y reiteraron la voluntad del Consejo de Seguridad de considerar nuevas a tareas para la Misión de Verificación para participar en el monitoreo y la verificación cuando el Secretario General confirme que se haya alcanzado un cese al fuego con los protocolos de verificación apropiados (sic)”, agregaron.
Seguido expresaron su satisfacción con lo que se pactó entre las delegaciones del Gobierno y de los subversivos que beneficiarán a la población civil.
“Reafirmaron su compromiso de seguir trabajando estrechamente con Colombia para apoyar la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, como pilar primordial para garantizar una paz amplia y duradera y la estabilidad en Colombia, y acogieron con beneplácito el compromiso de ambas partes con este fin (sic)”, agregaron.
Implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc
También durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU destacaron los avances en la implementación del acuerdo con la extinta guerrilla que se firmó en 2016 con la asignación de recursos y la reinserción de los excombatientes que han permitido lograr una importante pacificación del país.
No obstante, instaron a que el gobierno Nacional trabaje más en el capítulo étnico del acuerdo y expresaron su preocupación en que persistan prácticas con las que perpetran violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). También solicitaron que aúnen sus esfuerzos para proteger a la población civil, en especial las mujeres, de las acciones criminales de los grupos armados ilegales.
“Reiteraron su fuerte preocupación con respecto al reclutamiento ilegal de niños por parte de grupos armados y las continuas amenazas y violencia que enfrentan los excombatientes que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, líderes sociales, líderes indígenas y afrocolombianos, y pidieron una mayor implementación del plan de acción del “Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos” (sic)”, indicaron.
Resaltaron los esfuerzos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para esclarecer los crímenes que se cometieron dentro del conflicto armado y expresaron su satisfacción en que la justicia transicional investigue la violencia sexual y en razón de género.
“Felicitaron los avances hacia el primer plan de acción nacional de Colombia para la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad y esperan que esto, conjuntamente con otros pasos, acelerará la implementación de las disposiciones de género del Acuerdo de Final de Paz. Encomiaron la apertura del Macro Caso 11 (...) para avanzar en la investigación de la violencia sexual y basada en género y esperan con interés la emisión de las primeras sanciones propias de la JEP (sic)”, agregaron.
Finalmente instaron a que se garantice el normal desarrollo de la contienda electoral regional que se llevará a cabo el 29 de octubre y se proteja la vida de los aspirantes a los cargos de elección popular.
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