El manejo de recursos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) es uno de los cambios que se plantea desde la reforma a la salud que está impulsando el Gobierno de Gustavo Petro. Esto, porque el dinero que reciben las EPS no tiene ningún tipo de control una vez es entregado por el Estado, lo que se puede convertir en un posible detrimento patrimonial, al no tener una veeduría clara sobre los gastos y las inversiones que se realizan con este dinero.
El problema está en que, anualmente, el Estado colombiano le gira a las EPS una gran cantidad de dinero, que para 2023 fue de 81 billones de pesos, pero no se tiene claridad en qué se gastan esos recursos.
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Así lo dio a conocer el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, en entrevista con el periodista Yamid Amat, en la que explicó que una vez los recursos son esparcidos a las EPS ya no se audita el uso de los mismos.
Según explicó León Martínez, la falta de auditoria a esos dineros está sustentada en que se les da un manejo privado por parte de las EPS, pero, aunque muchas lo invierten como debe ser, otras lo malgastan celebrando contratos con amigos o instituciones cercanas.
De acuerdo con el director de la Adres, este tipo de manejo ha dado como resultado que, en un futuro, se vuelva insostenible la entrega de recursos para garantizar los servicios a los colombianos, pues se puede generar un incremento de 40 o 50% anual en algunos rubros de la salud.
Por tal motivo, la idea del Gobierno nacional es que se debe recuperar el control de los recursos que se le giran a las EPS, algo que actualmente se está estudiando, por lo que desde la Adres se plantea un sistema de auditorias aleatorias de verificación.
También, uno de los acuerdos a los que se llegó en los primeros debates de la reforma a la salud, es que las EPS ocupen el cargo de administradoras, pero no podrán hacer uso de los recursos libremente, una solicitud que llegó desde los partidos políticos,
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