Los congresistas Jennifer Pedraza, Daniel Carvalho, Catherine Juvinao, Alejandro García, Juan Sebastián Gómez, Julia Miranda, Cristian Avendaño y Katherine Miranda, hicieron una propuesta, considerada como integral y conciliadora, sobre el proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro.
La hicieron debido a que creen que es necesario construir una ley que mejore de manera notable el sistema y no como la que se discutirá en los próximos días.
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La propuesta está basada en tres puntos: aseguramiento, gestión del riesgo en salud e intermediación financiera; cobertura, acceso y atención, y financiamiento, costos de la reforma y régimen de transición.
Sobre aseguramiento, gestión del riesgo en salud e intermediación financiera, entre otras cosas, dicen que el sistema de salud debe tener como objetivo principal salvaguardar a los usuarios, evitando fragmentaciones y barreras en el acceso al derecho fundamental a la salud.
Al respecto, señalan que la reforma actual propone que la responsabilidad sobre el usuario sea fragmentada en distintos actores (gestoras de salud y vida, entidades territoriales, centros de atención primaria en salud -caps-, Ministerio de Salud y Adres), por lo que proponen que esa responsabilidad esté en cabeza de las EPS, transformadas a gestoras de salud y vida, reconociendo la capacidad instalada, conocimiento y experiencia acumulada en la gestión del riesgo en salud y operativo.
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Frente a cobertura, acceso y atención, puntualizan que coinciden con el Gobierno nacional en la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud y por eso apoyan la propuesta por reorganizar la atención a través de un modelo que priorice la prevención, atención primaria y la territorialización, particularmente, en las zonas rurales y dispersas del país.
Ante esto, proponen que los caps sean prestadores que fortalezcan la atención en el primer nivel, articulen programas de prevención y salud pública con las entidades territoriales y apoyen a las gestoras en la caracterización de la población.
Y sobre financiamiento, costos de la reforma y régimen de transición, creen que el proyecto tiene mayor espacio para aclarar las funciones de las gestoras en esa labor, asegurando que dichas auditorías sean suficientes y eficientes.
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Por eso, solicitaron al Gobierno nacional, sobre todo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Salud y Protección Social, un análisis detallado de los tiempos y costos que le exigiría al nuevo sistema creado por la reforma el hecho de ponerse en marcha sin que la prestación de la salud de las colombianas y colombianos se ponga en riesgo en ninguna circunstancia.
“Consideramos que la transición no debería estar a un plazo específico, sino a la transformación del arreglo institucional en cada una de las funciones de los actores, y a la verificación viable del cumplimiento de las condiciones necesarias para cumplir la transición”, apuntaron.
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Proyecciones financieras
Los congresistas también dejaron entrever algunas inquietudes sobre las proyecciones financieras del proyecto de reforma. Una de ellas es que las contenidas en el anexo 3 de la iniciativa plantean que para 2024 se requeriría un 10,9% de crecimiento real para el sector.
Sin embargo, en segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el sector salud, este crece apenas en un 7,85% real, inclusive cayendo en un 8,53% en el rubro de inversión, el cual en línea con la reforma es fundamental para la construcción de nueva infraestructura, por ejemplo, de los Caps.
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