Faltan tres semanas para las elecciones regionales del 29 de agosto en las que se eligen gobernadores, alcaldes, diputados, concejales de ciudades y municipios, y ediles de las Juntas Administradoras Locales que gobernarán en el período 2024-2028.
La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó la inscripción de 132.553 aspirantes para esos cargos, segregados de la siguiente forma:
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- 251 candidatos se inscribieron para el cargo de gobernador
- 3.894 para las Asambleas Departamentales
- 6.175 para Alcaldías
- 106.429 para Concejo
- 15.804 para las Juntas Administradoras Locales (JAL)
De acuerdo con el registrador nacional Alexander Vega hubo un aumento del 13,73% en el número de aspirantes inscritos para las contiendas electorales, en comparación con los datos del 2019, cuando se presentaron 116.546 inscripciones.
“Se incrementó de manera muy amplia la inscripción de candidatos a gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y juntas administradoras locales. Se registró un aumento del 13,73% frente a las elecciones del 2019. Ha sido un éxito la participación en Colombia y esto es un triunfo de la democracia y de la Organización Electoral”, sostuvo Vega Rocha.
De los 132.553 candidatos inscritos, 32 serán electos como gobernadores, 418 como diputados departamentales, 1.102 alcaldes, 12.702 concejales y 6.513 ediles.
En el Consejo Nacional Electoral se detalló que, de los 251 candidatos inscritos para el cargo de gobernador, 93 recibieron el aval de coaliciones políticas, 9 por grupos significativos de ciudadanos o recolección de firmas, 1 por movimientos sociales y 148 con el respaldo de partidos o movimientos políticos.
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En cuanto a los candidatos a Alcaldías, 1.821 lo registraron sus aspiraciones políticas a través de coaliciones políticas, 168 por recolección de firmas y 4.186 con el aval de partidos o movimientos políticos.
Casi 600 candidaturas revocadas
En épocas electorales salen a relucir todo tipo de estrategias de enemigos políticos para truncar las aspiraciones de uno u otro candidato, algo que se vio reflejado en los despachos del Consejo Nacional Electoral, que recopiló un cúmulo de 3.500 solicitudes de revocatorias a las candidaturas de distintos personajes políticos de todo el país.
A corte del 7 de octubre, el CNE había determinado que 589 candidatos no cumplían con los requisitos necesarios para aspirar a un cargo de elección pública distribuidos de la siguiente forma:
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- 21 revocatorias de aspirantes a Gobernación
- 32 revocatorias de candidatos a Asambleas Departamentales
- 151 revocatorias de candidaturas a Alcaldías
- 318 aspiraciones a Concejos revocadas
- 63 candidaturas a JAL revocadas
Los caciques regionales destituidos
Entre los candidatos destituidos por el Consejo Nacional Electoral hay varios de los denominados ‘caciques’ políticos, figuras que llevan décadas haciendo política o financiándola en las regiones del país y tiene una influencia tan importante en las contiendas electorales regionales que son capaces de poner o quitar a alguien de los cargos de elección pública.
Delos casi 600 revocados por el CNE se destacan los nombres de Rodolfo Hernández, Tulio Gómez, Santander Lopesierra o Patricia Caicedo, financiadores de campañas electorales en comicios anteriores que fueron inhabilitados por corrupción o antecedentes judiciales.
El primer caso mediático de revocatoria de candidaturas fue el de Rodolfo Hernández, aspirante a la Gobernación de Santander por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
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El excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación por cometer tres faltas durante su mandato en la capital santandereana entre 2016 y 2019, período en el que golpeó al entonces concejal Jhon Claro, quien lo relacionaba con actos de corrupción, agredió verbalmente a un veedor ciudadano y maltrató a un funcionario de la secretaría de Infraestructura de Bucaramanga.
Además, contra Hernández se adelanta un proceso de corrupción por un contrato del manejo de las basuras de esa ciudad, el cual asignó a una firma que beneficiaba a uno de sus hijos. Por lo anterior el CNE revocó su candidatura a la Gobernación de Santander.
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Un caso particular es el de Tulio Gómez, máximo accionista del equipo de fútbol América de Cali, quien pese a no ser un cacique político, tenía el músculo financiero necesario para hacerle frente a las campañas de figuras con trayectoria como Dilian Francisca Toro, quien también es aspirante a la Gobernación del Valle del Cauca.
A Gómez le revocaron la candidatura porque le alquiló al Estado un local ubicado en el estadio Pascual Guerrero para las elecciones del 29 de octubre, lo que le generó una inhabilidad automática ante el CNE.
“En relación con la inhabilidad con ocasión de contratos con entidades públicas e intervención en la gestión de negocios, el Consejo de Estado ha precisado los elementos estructurantes de esta inhabilidad, que aplica para varios cargos de elección popular, entre los que se encuentra el de gobernador”, le indicó la Procuraduría al CNE para que revocara la candidatura de Gómez.
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El caso más sonado previo a las elecciones es el de Santander Lopesierra, conocido en el mundo del hampa como el Hombre Marlboro, un exnarcotraficante que pagó 18 años de cárcel en Estados Unidos por enviar droga desde Colombia.
Basado en los antecedentes judiciales el CNE anuló la candidatura del Hombre Marlboro, quien aspiraba a la Alcaldía de Maicao por medio de recolección de firmas.
Ante la revocatoria de su candidatura, Lopesierra le ‘heredó' su puesto a su hijo, Samuel Santander Lopesierra; sin embargo, como el exnarcotraficante había inscrito su nombre ante la Registraduría por medio de recolección de firmas, Lopesierra hijo no podía reemplazarlo.
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Según la Ley, cuando un candidato se inscribe por recolección de firmas, el apoyo ciudadano no se le puede ceder a otra persona y en este caso, el exnarco no pudo otorgarle su puesto a su hijo. Como último recurso Lopesierra empezó a promover el voto en blanco en Maicao para que ninguno de sus contendores políticos ganara.
El caso de Patricia Caicedo, aspirante a la Alcaldía de Santa Marta, es el vivo ejemplo de un golpe a las familias y caiques políticos de las regiones.
Patricia Caicedo es hermana del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y de la ordenadora del gasto en el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta, Ana María Caicedo, razón por la cual, el Consejo Nacional Electoral decidió revocar sus aspiraciones políticas.
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Además, hay varios contratistas de la Gobernación del Magdalena que marcharon a favor de la candidata a la Alcaldía de Santa Marta.
Tras la revocatoria, la Registraduría de Santa Marta fue atacada por los simpatizantes de Caicedo y el abogado que demandó su candidatura fue amenazado de muerte.
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