Gustavo Petro aseguró que se están “pasando por la faja la voluntad libre del pueblo” y pidió convocar a la “máxima instancia de garantías electorales”

La decisión del CNE de recovar la candidatura por la Gobernación del departamento de Santander a Rodolfo Hernández ha hecho que el presidente Gustavo Petro lance declaraciones de desacuerdo, manifestando que “se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH, que es de obligatorio cumplimiento”.

También frente a la revocatoria de la candidata a la Alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo, el mandatario se despachó contra la entidad electoral en la mañana de este 29 de septiembre. Mencionó que “han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la politica colombiana pasandose (sic) por la faja la voluntad libre del pueblo”.

La revocatoria contra Hernández se decidió en la Sala Plena del CNE, en donde debieron añadir dos conjueces más, pues el debate no había podido concretar si el funcionario podría seguir en la candidatura. La revocatoria obtuvo seis votos a favor y cuatro en contra.

Según informa Semana, el motivo principal para esta medida contra el excandidato presidencial es una sanción disciplinaria que sostiene el Ministerio Publico en su contra. Pese a esto, los ocho magistrados del CNE no habían logrado llegar a una conclusión, razón por lo cual lo dos conjueces fueron requeridos.

En esa misma línea, la cabeza de la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello, declaró que la medida del CNE es válida y cabe dentro de lo establecido por la Carta Magna. Así lo expresó: “El tema del candidato Rodolfo Hernández se acoge a la legalidad y constitucionalidad, el candidato tiene tres sanciones. La ley colombiana dice que quien tenga tres sanciones se hace acreedor a una inhabilitación por tres años, y que no pueden inscribirse candidatos que estén inhabilitados”.

Pero, además, añadió que la validez de la revocatoria cuenta con un elemento adicional y es que Rodolfo Hernández no está ejerciendo un cargo. La Procuradora General defendió la medida: “Los sancionados que hayan sido electos popularmente a un cargo público, si son sancionados en ejercicio del cargo y que están ejerciendo sus derechos políticos, las decisiones serán susceptibles al recurso de revisión; el señor Rodolfo Hernández no estaba en ejercicio del cargo en el momento que fue sancionado, ya no es funcionario público, por lo que no tendría derechos políticos que proteger”.

Opuesto a Cabello, quien considera que la institucionalidad sigue fortaleciéndose, pues “volvió a reestablecerse y a resurgir”, el Presidente Petro ha declarado que “en muchas regiones decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos”, y que “han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales”. Y es que todas las manifestaciones del mandatario a la circunstancia en cuestión hacen referencia a un retroceso en la institucionalidad. Es por esto que hace el llamado a “citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales”.

Ahora bien, las sanciones de Hernández para la Procuraduría sí ameritan la revocatoria. La primera fue la afectación de derechos que cometió Hernández contra el exconcejal del ASI, Jhon Jairo Claro Arévalo, cuando en 2018, le propinó un golpe en la nunca durante un rifirrafe. La segunda tiene que ver con un caso de acoso laboral, cuando llamó “corrupto” a Wilson Motta, un funcionario administrativo con quien Hernández sostenía relación en el servicio público, según la Procuraduría. La última corresponde a un hecho de agresión verbal contra un veedor ciudadano, a quién el excandidato presidencial le dijo “lavaperros”.

Es por tanto que la Procuraduría insiste en que la revocatoria de Hernández no carece de sentido. Cabello manifestó que “tiene una sanción y una condena internacional. Hay unas normas en la Constitución que hablan de que cualquier persona que tenga una sanción en Colombia no puede inscribirse para ser candidato a una corporación pública”.

Por su parte, Hernández expresó a “Santander y a Colombia que seguiré luchando por ustedes hasta el final. Usare los medios legales que tengo como ciudadano para seguir firme contra la politiquería y los corruptos que se tomaron el sistema”, enfatizó.