
En la noche del 24 de septiembre un hombre de 19 años fue asesinado cuando conducía una de las rutas informales que transporta a las personas desde la autopista Sur hacia varios barrios de la localidad de Bosa, dentro de automóvil estaba una mujer de 33 años y su hijo de siete, ambos fueron alcanzados por los disparos.
Las tres personas fueron trasladadas hasta el Hospital de Keneddy, en ese momento falleció Juan Camilo Castro, conductor de la ruta, mientras tres días más tarde se confirmó la muerte de Miguel Ángel Londoño, el menor de edad; hasta el momento se desconoce la identidad y estado de salud de la mujer.
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Respecto al crimen existen dos versiones, la entregada por vecinos del sector, que afirmaron que todo había sido producto de la intolerancia, debido a que tras un siniestro vial en el que Castro habría discutido con los tripulantes de una motocicleta, uno de estos sujetos desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que estaban dentro de la ruta informal.
Sin embargo, el gremio de conductores de este servicio afirmaron a las autoridades que Juan Camilo había sido víctima de las bandas delincuenciales que les estarían pidiendo dinero para permitirles seguir trabajando en la zona.
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Cabe resaltar que debido a la falta de transporte público, en Bosa se han establecido diferentes rutas informales en las que las personas se movilizan desde el sector de La Estación hasta lo más profundo de la localidad; y aunque no cuentan con el aval legal para operar, estos conductores tienen planillas creadas por ellos para tratar de organizarse entre sí.

Miembros de este gremio le afirmaron a Infobae Colombia que el joven de 19 se habría negado a pagar la suma de dinero que les exigen los extorsionistas a los transportadores, motivo por el que terminaron con su vida, para enviar un mensaje a los demás conductores.
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Entre las exigencias de las bandas delincuenciales estaría el pago de 150.000 pesos mensuales por transportador, suma que afirman, en caso de entregar, los dejaría sin gran parte de sus ganancias, ya que muchos de ellos cancelan una cuota para tomar en arriendo el vehículo con el que trabajan.
En la población existe la sospecha de que las bandas criminales que estaban presionando a comerciantes en Kennedy se habrían trasladado hasta Bosa para seguir delinquiendo bajo la misma modalidad.
Dentro de las amenazas habría señalamientos en los que se afirma que se trataría del Tren de Aragua, lo que no ha sido confirmado, ya que este comportamiento ha sido adoptado por algunos delincuentes para generar temor en los ciudadanos y obligar a que paguen el dinero exigido.
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Aunque las autoridades se encuentran investigando el crimen para dar con el paradero de los responsables, algunos conductores temen ser los siguientes, en caso de que se trate de represalias por parte de los extorsionistas.
Por ello, algunos han optado por guardar sus vehículos en horarios puntuales del día en los que hay menos flujo de personas, mientras otros han puesto en venta sus carros, al señalar que no podrán continuar trabajando en caso de verse obligados a pagar a los criminales.
Los casos de extorsión se han convertido en una de las principales problemáticas en la capital del país; en 2023 se han registrado varios sectores en la ciudad en los que comerciantes y ciudadanos son amenazados por las bandas criminales.
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Las localidades más afectadas son Kennedy, con 98 denuncias, Engativá, con 62 y Bosa, con 48.
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