Militares fueron abusados y violados por compañeros y superiores reveló la JEP: “Dieron instrucciones para reforzar la masculinidad”

Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontrara más de 35.000 víctimas de violencia sexual y reproductiva en medio del conflicto armado en Colombia, se anunció la apertura del macrocaso 11, que se convierte en el último que indagará esta justicia para determinar y sancionar a los responsables de hechos de abusos sexuales, acosos, violencia reproductiva y otros crímenes motivados por la orientación sexual, expresión o identidad de género diversa.

Según comentó la jurisdicción especial, la investigación se dividirá en tres subcasos, uno de ellos dedicado exclusivamente a investigar a altos mandos que pudieron abusar de sus subalternos mientras adelantaban acciones ofensivas en zonas de conflicto y que fueron encubiertos por las instituciones.

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“Pone un foco especial en los elementos discriminatorios que tienen estas violencias y en las dinámicas de guerra, que reflejan y multiplican las discriminaciones estructurales que históricamente han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas”, señaló en rueda de prensa la magistrada Lily Rueda, encargada de dichas indagaciones.

Y es que los estudios previos realizados por la JEP, develaron alarmantes detalles sobre la persistente violencia de género atribuible tanto a miembros de las antiguas Farc-EP como a integrantes de la Fuerza Pública en Colombia. En el análisis, que se enmarca en el “subcaso 3″ de esa justicia, se determinaron algunos factores comunes y patrones distintos relacionados con esta problemática.

Uno de los patrones que más inquietó la jurisdicción especial fue el que denominaron “órdenes de género” dentro de estas fuerzas, es decir, una serie de instrucciones que dieron dentro de los comandos para reforzar la idea de que la masculinidad es un estatus que debe mantenerse a través de “demostraciones de violencia, sobre todo contra lo que se considera femenino y subordinado”.

De igual forma, los magistrados encontraron que el ejercicio del poder dentro de las jerarquías militares fue el principal mecanismo utilizado para perpetrar estas violencias. La influencia de los rangos y la falta de medidas de corrección o sanción efectivas agravaron aún más la situación.

La JEP también identificó que estos hechos de violencia basados en género y orientación sexual ocurrieron en zonas de disputa territorial y territorios de concentración o permanencia de las fuerzas. En un análisis demográfico, los magistrados encontraron que las principales víctimas correspondieron en su mayoría a hombres jóvenes, con edades entre los 18 y los 23 años, muchos de los cuales estaban cumpliendo servicio militar en zonas de conflicto.

Según señalaron los magistrados en una rueda de prensa, los actos de violencia en que incurrieron los mandos superiores van desde acoso sexual, hasta accesos carnales violentos, principalmente por uniformados del Ejército Nacional y la Policía.

El informe preliminar de la Jurisdicción especial para la Paz también destacó la poca acción de las instituciones para corregir y sancionar a los responsables. Incluso, señaló que no existe suficiente información sobre investigaciones internas o la aplicación de sanciones a los perpetradores. Tampoco existieron procesos exitosos de las investigaciones penales de la justicia ordinaria, que terminaron por archivar los casos, otros precluyeron o terminaron con resoluciones inhibitorias

Además, las instituciones pudieron permitir que se perpetuaran los hechos de violencia, al permitir que los presuntos perpetradores en las filas continuaran ejerciendo, favoreciendo la repetición de los actos violentos contra otras víctimas.

De ahora en adelante, la JEP entrará a discutir cada uno de los 35.178 casos identificados en los tres subcasos abiertos, ya que esa justicia determinó que el 33% serían víctimas del paramilitarismo, que está fuera de su jurisdicción; el 5,82% fue perpetrado por las extintas Farc y el 3,14% de las violencias sexuales fueron cometidas por miembros del Estado. Asimismo, se determinó que el 30% de los registros aún no cuentan con grupo armado responsable, por lo que deberán estudiarlo detenidamente.