
En declaraciones recientes, el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el partido Cambio Radical, general en retiro Jorge Luis Vargas, sentó su postura sobre el estatus migratorio de los ciudadanos venezolanos que viven de manera irregular en la capital del país.
Según dijo en su cuenta de X –antes conocida como Twitter–, trabajará por suministrar “a los venezolanos buenos toda la ruta de integración. Pero a los que delinquen y vienen a hacer daño los vamos a perseguir, capturar y llevar a la cárcel con todo el peso de la ley”.
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Entre los compromisos de su programa de Gobierno en el pilar fundamental de “inclusión”, Vargas propone dos rutas de integración para población migrante en Bogotá.
La primera, una “ruta de integración socioeconómica” plantea trabajar “de la mano de la Cooperación Internacional en una estrategia de integración socioeconómica para la población migrante, que permita integrar servicios de acompañamiento en regularización, salud, formación para el trabajo, inclusión financiera, colocación de empleos y vivienda”.
Y la segunda, una “política de subsidios al arrendamiento social de vivienda” pretende formular “una política distrital de subsidios a la vivienda social en renta, destinado a familias que cumplan con la ruta de integración socioeconómica”.
De ahí que, en entrevista para el diario El Tiempo, el excomandante en jefe de la Policía Nacional, sostuviera que trabajara en una hoja de ruta por la inserción social de los migrantes irregulares que lleguen a la ciudad con la intención de progresar, del lado de la justicia:
“Para favorecer a la comunidad de migrantes venezolanos de Bogotá” buscará potenciar “los programas de subsidio de vivienda para las familias que lo requieran, así como los recursos para su subsistencia y beneficios básicos como la alimentación”.
Mientras, quienes, por el contrario, no hayan definido su situación migratoria en la ciudad y pertenezcan a una de las bandas de crimen organizado o a la delincuencia común recibieron una nueva advertencia:
“Me comprometo con los bogotanos a que quienes cometan un delito y sean de nacionalidad extranjera, serán capturados y pagarán con todo el peso de la Ley. Varias organizaciones delincuenciales, como ‘el Tren de Aragua’, ‘los Maracuchos’ o ‘los Paisas’, responsables de hechos trágicos en la ciudad, tienen ciudadanos de ese país en sus filas”.
Y es que, según Vargas, no solo los cabecillas decidieron asentarse en Bogotá, sino también los reclutadores de estas bandas que viven de actividades relacionadas con la extorsión, el homicidio por encargo y el narcotráfico:
“Son reclutados para cometer graves delitos, como el homicidio, la extorsión, la tortura o el tráfico de estupefacientes. Será prioridad su captura para que sean puestos a disposición de las autoridades. Varios de ellos son cabecillas. Reitero, sus crímenes no quedarán impunes”, precisó para el medio citado.
Para dar con el paradero de los cabecillas de organizaciones como ‘Los Maracuchos’, originarios del estado de Maracaibo, Vargas presentó la Operación Autoridad, con la que, de llegar al Palacio del Liévano, trabajara los 100 primeros días en 100 puntos críticos de la ciudad, para, entre otros logros, capturar a los 50 más buscados, varios de ellos, cabecillas de bandas criminales de orden nacional e internacional.
“Se trata –entonces– del mayor despliegue operacional para atacar y desmantelar bandas como ‘Los Paisas’, ‘El Tren de Aragua’, ‘Los Maracuchos’ y ‘Los Eracles’, entre otras, y contener la amenaza de estructuras organizadas como el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas (AGC)”, dijo Vargas con relación a las cifras reveladas en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Una tarea monumental que pretende abarcar las dos caras de la moneda, con una población minoritaria, que, según las últimas cifras entregadas por la Alcaldía Mayor, ya alcanza los 615 mil representantes en Bogotá.
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