
“Señor Henry, mire la foto —sosteniendo una camiseta blanca con el rostro de su familiar—¿por quién pide perdón? ¿Tiene conocimiento de este hecho? ¿Por qué dio la orden, por qué tenía que ser mi padre? ¿Por qué dijo que él era un bandido? Más bandido eres tú”, reclamó al general (r) Henry Torres Escalante con un nudo en la garganta Lucy Yadira Barrios, hija de Fermín Ochoa Barrios, asesinado por tropas de la XVI Brigada del Ejército en Casanare.
El excomandante de la unidad entre 2005 y 2006, época abordada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la investigación de crímenes extrajudiciales cometidos en ese departamento, reconoció su grado máximo de responsabilidad en la comisión del delito homicidio en persona protegida y desaparición forzada debido a 146 asesinatos cometidos en 141 eventos de resultados operacionales.
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Tras su declaración, en la que también aceptó entregar 45 millones de pesos al teniente (r) Marco Fabián García para que cambiara su testimonio en la jurisdicción ordinaria, familiares de las víctimas confrontaron su versión y reprocharon el hecho de que no aceptara haber dado la orden de asesinar a civiles como Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres.
“Usted envió un grupo especial a mi casa, que estaba bajo sus órdenes, para sacarlos y en esos momentos no lo pudieron hacer, y ahí usted se encizañó (sic) con mi padre y mi hermano hasta que por fin logró su objetivo y me siento ofendida que se pare ahí a decirme eso”, reclamó Yohana Torres, hija y hermana de los dos civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate.
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“No nos falte al respecto y acepte la verdad”
En medio de su intervención, el mayor general confesó sentirse “orgulloso” de los asesinatos cometidos por las unidades bajo su mando, pero dijo que no tenía conocimiento de los hechos cometidos por algunos efectivos de la Brigada. En ese momento, la familiar de una de las víctimas lo confrontó y exigió plenitud con la verdad.
“No les estamos suplicando ni rogando, les estamos exigiendo una bendita verdad, dejen de burlarse de nuestro dolor. ¡Ya no más! Son 17 años que todas estas familias necesitan saber la verdad y necesitan que de su boca acepte que usted es el cabecilla mayor, por llamarlo así; así como usted llamó cabecillas a nuestros familiares”, exclamó ante la renuencia de Torres en su declaración.
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Posteriormente, el exmilitar no mencionó casos concretos de crímenes cometidos por uniformados adscritos al Gaula Militar y al Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ –Birno–, unidades que estaban más cerca a su jurisdicción. En cambio, aceptó que sí identificó “indicios” de conductas irregulares sobre bajas operacionales.
“No podría decir casos específicos, pero el hecho de que ya me reportaran que una persona había sido asesinada y que no tenía un arma pues... Era un indicio. No le vi la trascendencia en ese momento” y dijo a la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de Verdad que no tenía datos relacionados con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron perpetrados esos hechos.
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El mayor general (r) Torres Escalante llegó a la Brigada XVI el 19 de diciembre de 2003 a ocupar el cargo de oficial de operaciones. Desde el 3 de diciembre de 2003 al 10 de diciembre de 2005 ejerció como Jefe de Estado Mayor (JEM) y segundo comandante de la Brigada.

Además, el expediente que reposa en la JEP detalla que “impulsó el plan criminal develado por la Sala a partir de las órdenes que emitió, así como de las condiciones que generó” para los 196 asesinatos cometidos bajo su mando entre el 15 de diciembre de 2005 y el 27 de mayo de 2007, investigados dentro del subcaso Casanare del macrocaso 03 —asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado— de la JEP.
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