Exalcalde de Chía, que quiere repetir cargo, en problemas con la Procuraduría por irregularidades en el POT

La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de un juicio disciplinario en un caso que ha sacudido a la comunidad de Chía, Cundinamarca. El exalcalde de Chía Leonardo Donoso Ruiz, quien ocupó el cargo desde 2016 hasta 2019, se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría debido a presuntas irregularidades relacionadas con el trámite y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.

En acciones de la Procuraduría, se ha emitido un pliego de cargos no solo contra el exalcalde Donoso, sino también contra 15 exconcejales y el exdirector de Urbanismo Héctor Orlando Ruíz Palacios. Los cargos están relacionados con la supuesta aprobación de licencias de construcción en áreas protegidas del municipio.

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Las investigaciones han revelado que el exalcalde Donoso habría cometido una omisión al presentar el POT ante el Concejo municipal, excluyendo el humedal Lagos de Chía y la fuente hídrica La Chucua de Fagua de los componentes principales del plan. Esta aparente omisión habría desconocido las normativas que exigen la identificación de áreas de reserva y la implementación de medidas para la protección del medio ambiente, la conservación de recursos naturales y la defensa del paisaje en los planes de ordenamiento.

Lo más preocupante es que estas áreas ya estaban identificadas como humedales y zonas de protección por la Corporación Autónoma Regional (CAR), lo que, según el Ministerio Público, “debió ser advertido por el exalcalde” para su inclusión en la revisión y ajuste del POT presentado y aprobado en 2016.

Por otro lado, el exdirector de Urbanismo, supuestamente, emitió licencias de construcción que excedían las densidades permitidas por las normas legales y, además, autorizó obras de urbanización en suelos de uso agrológico, donde “está restringida la posibilidad de realizar obras de urbanización”, según explicó la Procuraduría en un comunicado.

La lista de involucrados incluye a exconcejales como Julio Enrique Bajonero Camacho, Marco Antonio Bojacá, Ángel Ernesto Bueno Arévalo, Javier Antonio Castellanos Sierra, Yhon Meyer Díaz Garzón, Luz Stella Díaz Jaller y Rafael Fajardo Cifuentes, quienes también enfrentan cargos relacionados con la aprobación del POT sin contar con las áreas especiales de protección, pero sí incluyendo el humedal Lagos de Chía y la fuente hídrica La Chucua de Fagua.

La Procuraduría ha calificado la presunta conducta de los investigados como una “falta grave cometida a título de culpa grave”. Esta situación está generando una gran atención en Chía, ya que afecta directamente la planificación y el desarrollo sostenible del municipio. La ciudadanía espera con ansias el resultado del juicio disciplinario y las posibles sanciones que puedan imponerse a los involucrados.

No es la primera vez que Leonardo Donoso Ruiz se enfrenta a investigaciones por presuntas irregularidades en el Plan de Organización Territorial de su alcaldía. En 2019, el último año de su mandato, se revelo una investigación por irregularidades en el alumbrado público del municipio.

“El alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruíz, está en la mira de la Procuraduría General de la Nación por hacer caso omiso a varias advertencias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de la licitación del alumbrado público del municipio”, reportó en su momento la W Radio.

El 30 de octubre del 2018, la Alcaldía de Chía inició un proceso de licitación con el objetivo de conceder a una empresa privada el funcionamiento, la administración y mantenimiento del alumbrado público. Desde 2003, el alumbrado estaba en jurisdicción de Codensa S.A.

Ante estas irregularidades, la persona encargada de la Vigilancia Preventiva de la Función Pública envió a la Alcaldía Chía unas observaciones sobre dicha licitación en las que mencionaba y resaltaba la falta de experiencia en los contratos de concesión, el análisis del sector donde iría el alumbrado no fue precisa y la propiedad de la infraestructura del alumbrado público debía pasar por un tercero para aprobar o negar las obligaciones contractuales.