
La Fiscalía entrará a la puja del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, porque considera que la asignación del Gobierno nacional no es suficiente y pone en riesgo el funcionamiento. El fiscal Francisco Barbosa calificó el hecho como un ataque a la institución y lanzó una alerta.
El proyecto del PGN del Gobierno nacional designó un monto de 6.022.183.914.661 (seis billones de pesos) para la Fiscalía General de la Nación, pero la entidad judicial estima que es necesario un billón de pesos más para fortalecer el organismo con nuevos cargos, descongestionar fiscales y aumentar las capacidades investigativas.
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“Tenemos por dentro ataques sistemáticos para lograr desinstitucionalizar las entidades públicas”, señaló el fiscal Barbosa durante el foro de Garantías Electorales organizado por El Tiempo, en el que participó junto al defensor del Pueblo y la Contraloría.
“Yo sí le voy a explicar al país lo que está pasando en el Congreso y por qué le plantearon una mutilación del 30% del presupuesto a la Fiscalía General de la Nación. Explíqueme por qué le van a mutilar a la Fiscalía 30%; le piden resultados y ahora le quieren mutilar los recursos”, sostuvo Barbosa.
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El presupuesto se encuentra en sus primeros debates en las comisiones económicas conjuntas, donde ya hay alertas sobre el monto solicitado, que estaría al margen de la regla fiscal. Incluso, otros sectores advierten que podría estar desfinanciado.
Para el fiscal general, recortar el presupuesto como se estaría haciendo en el proyecto de PGN sería un ataque en contra de la institución, por lo que señaló que se debe defender la institucionalidad del país de cara al futuro.
“La mejor forma es ‘castremos la Fiscalía, el próximo año ya no va a estar Barbosa, eso lo manejamos de otra manera porque Barbosa sí se levanta y manda al carajo a aquellos que quieren acabar la Fiscalía, entonces sin Barbosa ya es más fácil porque podemos meterle una mutilación del 30% al presupuesto de la Fiscalía y acaban la función de investigación en la Fiscalía”, sostuvo el jefe del ente investigador.
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La Fiscalía avanza en un proyecto para proveer a la entidad con 6.000 nuevos cargos, para aumentar la capacidad de investigación de la entidad y disminuir la carga de funcionarios del CTI a nivel nacional. La iniciativa fue radicada en el Congreso en 2022 para restituir los puestos que, según Barbosa, fueron eliminados en 2017 con el Decreto 898, bajo la administración de Néstor Humberto Martínez.
Si ese proyecto se aprueba, sin una mayor partida presupuestal, la entidad quedaría dependiendo del Ministerio de Justicia para que le asigne los recursos para la ampliación de la planta, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía que le explicaron a El Tiempo sobre la molestia de Barbosa con el PGN.
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El proyecto de ley señala que la reorganización de la entidad en 2017 suprimió 4.530 empleos de áreas misionales de la Fiscalía, por lo que los servidores que quedaron recibieron un mayor número de casos hasta generar una congestión de su trabajo.
Así mismo, la entidad se quedó sin los recursos para dar respuesta a las necesidades de investigación. Además también se recortaron 1.203 empleos de la planta administrativa que habrían sido reemplazados con investigadores.
Esos cargos costarían poco más de un billón de pesos (1.079.708.238.991) al año para la Fiscalía. El proyecto terminó el tránsito en el Senado con un artículo que establece que la ampliación de la planta será gradual mientras el Gobierno nacional en conformidad con la apropiación de los recursos ”consultando la situación fiscal de la Nación y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como las normas orgánicas de presupuesto”.
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