Un excongresista y un alcalde fueron acusados por el crimen de una concejal 20 años después

La Fiscalía General de la Nación culpó al exrepresentante a la Cámara por el Cesar, Miguel Ángel Durán, y al actual alcalde del municipio de Curumaní, Henry Chacón Díaz, como presuntos autores intelectuales del asesinato de la entonces concejal Cristina López de Moreno.

Las investigaciones fueron determinantes para el órgano acusador, que dejarían al descubierto también una supuesta alianza entre los dos políticos colombianos y grupos paramilitares de la zona.

El anuncio se hace 20 años después del fallecimiento de la concejal, que fue asesinada luego de denunciar presuntos vínculos de los paramilitares con la administración de ese municipio del Cesar. En las investigaciones también estarían implicados un exsenador y un exsecretario de gobierno de ese municipio.

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Según informó el ente acusador, durante años el caso permaneció en la oscuridad, debido al poder y el temor impuestos por el comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40″, en la región. Sin embargo, tras la extradición de Jorge 40 a Estados Unidos en mayo de 2008 y las confesiones de exmiembros de las Autodefensas en el proceso de Justicia y Paz, comenzaron a surgir nuevas pruebas.

Asimismo, la muerte de la concejal se dio en el momento en el que el país atravesaba una dura crisis por parapolítica, que llegó a infiltrarse en el 35% del congreso entre el periodo 2002-2006. Pero el nombre del exrepresentante a la Cámara y del alcalde del municipio de Curumaní aparecieron por primera vez cuando exparamilitares decidieron acogerse a la Sala de Justicia y Paz y los señalaron de ser los autores intelectuales del crimen ocurrido el 26 de noviembre de 2003.

“Ellos [Durán y Chacón] eran amigos de la organización y lo que les faltaba era colocarse el camuflado. El señor Miguel Durán a cada rato iba a reunirse con Omega (…) El alcalde iba a reunirse con Omega, con Hárold y conmigo en 2002 para entregarle cuentas de contratos, para dar información, para todo. Todo es la contratación, ellos daban información. Él llegó a la Alcaldía porque hubo colaboración de la organización, con la cuestión de votos, controlar los votos para que ellos ganaran y como ya había un compromiso con ellos nosotros colocábamos personal de civil donde hubiera mesas de votación y le decían a la gente ‘este es miembro de las AUC y hay que votar por él’ y el [político] que no declinaba [su aspiración] era objetivo militar y se moría”, es una de las confesiones reveladas por El Espectador de Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, el segundo hombre al mando del frente Resistencia Motilona, autores materiales del crimen.

En el caso específico de la concejal López, el testigo señaló que el excongresista y el alcalde le solicitaron personalmente a la cabecilla de ese grupo que la asesinaran, después de intentar convencerla, sin éxito, de acogerse a sus ideales presuntamente corruptos.

A pesar de las serias acusaciones de la Fiscalía, tanto Durán como Chacón se encuentran en libertad y, aunque en varias ocasiones se ha ordenado la captura de Chacón por sus nexos con el paramilitarismo, siempre ha encontrado la forma de invalidar dichas órdenes. Ahora que vuelven a estar en el ojo de las autoridades, los dos políticos negaron vehementemente su participación en el crimen y afirman que se trata de un complot en su contra.

Mientras Durán alega que los testigos intentaron extorsionarlo para obtener beneficios económicos, Chacón sostuvo que sigue siendo víctima de una persecución política para desprestigiar su labor como mandatario local de Curumaní.

Este caso dejaría al descubierto los lazos entre la política y los grupos armados en Colombia durante la época de la parapolítica, una alianza que tuvo un impacto significativo en la administración local y nacional del país. La investigación continúa, y la familia de la concejal López espera respuestas sobre este trágico episodio en la historia del departamento del Cesar.