El exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, se ha sumado a la lista de académicos que cuestionan la reforma a la educación presentada por la ministra Aurora Vergara en el Congreso. Hommes, conocido por su experiencia en asuntos económicos, ha expresado sus reservas con respecto a la propuesta.
Hommes reconoce la nobleza de la intención de garantizar que nadie sea excluido de la educación postsecundaria. Sin embargo, sostiene que considerar la educación superior como un derecho fundamental podría ser un error y, posiblemente, una ilusión.
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El exministro afirma que la sociedad no está preparada para cumplir con este derecho y advierte que es probable que no se pueda hacer realidad. Esta falta de cumplimiento, en su opinión, tendría consecuencias negativas.
Señala que un derecho fundamental insatisfecho podría perjudicar la calidad de la educación al generar una demanda excesiva que el sistema no podría satisfacer. Además, esto podría llevar a la desilusión y la frustración entre los jóvenes, una situación que compara con lo que ocurre en el ámbito de la salud.
La reforma a la educación aborda este tema en uno de sus capítulos, donde se establece el derecho fundamental a la educación superior. Esto comprende el acceso, permanencia y graduación en programas de nivel técnico profesional, normalista superior, tecnológico y universitario.
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En el documento radicado por el Gobierno nacional, el Estado se compromete a garantizar gradualmente este derecho, de acuerdo con la regulación correspondiente y reconociendo las calificaciones y conocimientos de los individuos. Además, se menciona que las escuelas normales superiores tendrán un régimen especial que se definirá posteriormente a la entrada en vigencia de la ley.
Radicación del proyecto
El Gobierno de Gustavo Petro radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley Estatutaria la Educación es un Derecho, que tiene como objetivo regular el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles.
Entre las justificaciones para presentarlo está, en primer lugar, la deuda histórica que el Estado tiene desde 1994, cuando se estableció en el artículo 9 de la Ley General de Educación (Ley 115) la necesidad de regular este derecho a través de una ley de jerarquía especial.
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Además, que después de 30 años de jurisprudencia constitucional es necesario sistematizar la educación para la garantía y avance del derecho.
Tras la radicación, la ministra de Educación, Aurora Vergara, calificó como un día histórico y aseguró que el proyecto de ley, que queda en manos del Congreso de la República, busca darle claridad a la nación sobre a qué tiene derecho en la educación y no quiere decir que se le estén quitando los derechos a los que tienen privilegios, sino, por el contrario, busca fomentar más y mejores oportunidades.
“Le estamos apostando a la educación integral. Estamos trabajando para que el sistema educativo pueda formar a esta, la generación de la paz, en arte, cultura, ciencia, tecnología e innovación. La formación ciudadana y socio-emocional nos va a ayudar a que esta generación comprenda muy bien los retos del cambio climático y pueda tomar mejores decisiones en el presente y en el futuro”, dijo Vergara.
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De paso, invitó a los colombianos a que se sumen a construir nuevas gramáticas de dignidad y esperanza para las futuras generaciones del país. Además, recomendó que lo que se discuta en el Congreso y en el país sea “el arte de conversar”.
El proyecto de ley tiene 36 artículos y tendrá como ponente al representante a la Cámara, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico.
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