Magistrado de Justicia y Paz denunció presunto plan criminal para atentar contra su vida

Gustavo Roa, magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, denunció que él y su familia fueron víctimas de amenazas de muerte que, al parecer, estarían relacionados con la investigación a presuntos financiadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

A través de un oficio enviado al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, el togado aseguró tener indicios de que este presunto plan criminal se orquestó por las recientes decisiones que tomó contra los empresarios Alfonso Macías Vargas y Rafael Antonio Matera Lajud.

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Según el documento conocido por Caracol Radio, Roa habría recibido un mensaje de WhatsApp, el 12 de septiembre de 2023, mediante el cual fue alertado del supuesto plan para atentar contra su vida: “Los señores de nombre Rafael Matera y un tal ‘mono’ Macías… contrataron a varios sicarios’ para hacerme inteligencia y atentar contra mi vida y la de mi familia para silenciarme”, dice el magistrado en la carta.

Además, indicó que su familia también recibió amenazas, pues su hijo habría sorprendido a un hombre tomándole fotografías sin su consentimiento:

“(...) el pasado viernes 8 de septiembre de 2023, cuando mi único hijo se encontraba ingresando en su camioneta Toyota Prado al sótano del parqueadero del edificio donde residimos en la ciudad de Barranquilla, sorprendió a un conductor (al servicio de la familia de Macías) de nombre Adalberto Ortiz, tomándole fotos desde su celular a la referida camioneta Toyota de nuestra propiedad”, indicó.

Ante estos actos intimidatorios, Roa solicitó a la UNP reforzar su esquema de seguridad y asignar uno adicional para proteger la vida e integridad de su hijo.

El magistrado Gustavo Roa actuó como ponente de la macro sentencia condenatoria contra 25 desmovilizados del Bloque Norte del Frente Pivijay de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuya lectura finalizó el 23 de agosto de 2023.

Además, fue el encargado de compulsar copias proferidas mediante el Auto del 29 de agosto del 2023 a la Fiscalía General de la Nación, para que indague a 40 personas, terceros civiles, como presuntos auspiciadores, determinadores y financiadores del conflicto armado.

Dentro de las investigaciones que ordenó el togado, se encuentran las de Macías Vargas y Matera, cuya vinculación al proceso es el resultado de las declaraciones entregadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que los señaló como financiadores directos de sus actividades ilícitas.

Según Mancuso, los dos empresarios aportaron económicamente y prestaron sus inmuebles para que grupos paramilitares cometieran delitos.

“Nosotros cuidábamos y hacíamos labores de limpieza y algunos homicidios que pertenecían a la empresa y ordenados por el Rafa Matera”, fue una de las declaraciones de Mancuso.

Rafael Matera, dueño del matadero Camagüey en el municipio de El Copey (Cesar), habría entregado armas de fuego a los paramilitares para combatir con las Fuerzas Armadas y asesinar a sus víctimas.

Además, podría ser autor intelectual de varios homicidios en ese departamento, al ordenar a los paramilitares asesinar a varios objetivos en los municipios de El Copey y Algarrobo entre 2000 y 2004.

Por su parte, Macías, un reconocido empresario palmero, habría prestado su finca El Potosí, para que el grupo armado realizara labores como comercialización de ilícitos, torturas o violaciones a los derechos humanos.

El magistrado Gustavo Roa aseguró que la solicitud de investigación de ocho bienes inmuebles, en los que se efectuaron atroces crímenes con la facilitación de sus propietarios, fue una “situación que a todas luces genera el disgusto de los investigados por las implicaciones penales que esto les conlleva”.