Corfivalle era una empresa económica que nació en el Valle del Cauca, donde propiciaba soluciones financieras para la creación, reorganización, fusión y expansión de cualquier tipo de negocio; su éxito fue tal que expandió su funcionamiento a nivel nacional y se transformó en lo que hoy se conoce como Corficolombiana, compañía que estuvo en líos jurídicos por anular tres CDT a Alejandro González, quien había invertido más de 170 millones de pesos en 1989 y demandó por $18.393 millones.
Otro pleito jurídico que involucró a la empresa financiera fue la vinculación con el narcotraficante del cartel de Cali Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, quien usó Corfivalle para lavar más de 43.400 millones en solo seis meses durante 1994 a través de la fundación Nueva Colombia.
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En medio de las investigaciones contra Corficolombiana, salieron a la luz unos documentos que datan del 2004 en el que se revela que un grupo de fiscales especializados contra el lavado de activos había descubierto una red de lavado de activos a través de la empresa financiera, cuando aún era Corfivalle.
De acuerdo con los documentos revelados por la revista Cambio, las indagaciones empezaron siguiéndole la pista a un grupo de personas a nombre de las cuales se expidió una serie de certificados de depósitos a términos fijos (CDT), a través de Corfivalle, por grandes sumas de dinero. Lo extraño de los hechos es que las personas no tenían cómo justificar el origen de la plata para la inversión.
Las investigaciones determinaron que las personas no eran responsables de los delitos por los que se les acusaba y que por el contrario fueron víctimas de suplantación de identidad para poner los millonarios títulos a sus nombres.
El seguimiento del origen del dinero llevó a las autoridades a la fundación Nueva Colombia, que inicialmente tenía su domicilio en Bogotá y posteriormente fue trasladada hasta Cali. Además, contaba con un capital de 10 millones de pesos en 1994, pero registró movimientos de dinero a través de los CDT por montos de $43.400 millones en solo seis meses.
“Sin actividades definidas pero sí registrando capitales inmensos, su único fin era ocultar el origen del dinero, y en algunos casos destacando relaciones comerciales con empresas de los hermanos Rodríguez Orejuela, declarados narcotraficantes, o en otros, endosando títulos valores para movilizar dinero de procedencia ilícita con una entidad como la Nueva Colombia”, sostuvo el procurador judicial 35 penal, investigador del caso en la época.
El proceso judicial por lavado de activos determinó que junto a la fundación Nueva Colombia, las empresas Cooperativa Agromoro Ltda. y Constructora San Carlos pasaron su domicilio de Bogotá a Cali, donde usaron la misma metodología para blanquear el dinero procedente del cartel de Cali.
Las autoridades rastrearon el dinero y encontraron CDTs en los bancos Mercantil, la Compañía de Financiamiento Comercial Crecer S.A., Selfinco, Banco del Pacífico y Davivienda.
“Algunos de los beneficiarios en la cadena de endosos de dichos títulos valores resultaron ser empleados de una finca de la sociedad Criadero La Jota Ltda., con sede en Jamundí (Valle), de propiedad de Juan Carlos Ramírez Abadía (alias Chupeta), siendo algunos endosatarios titulares de cuentas corrientes de las que se han girado cheques a Asesorías Cosmos Ltda., y Carnes del Pacífico, que eran empresas de fachada del cartel de Cali”, se lee en el expediente de la investigación.
Según pudieron constatar los investigadores, algunos de los movimientos de lavado de dinero se dieron a través de consignaciones al Banco Ganadero, en febrero de 1995, por concepto de 17 CDTs con un valor de $12.962 millones en Corfivalle. Además, en ese mismo año fueron abiertos otros 64 títulos en Corfivalle, con un valor de $11.772 millones.
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