Superintendente de Salud es investigado por irregularidades cuando fue gerente de un hospital en Barranquilla

Mientras Ulahy Beltrán López fue el director del Hospital Universitario Cari celebró un contrato con el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe sin la autorización de la junta médica directiva

El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán López, aseguró que su principal propósito es salvaguardar el derecho a la salud de los usuarios. Cortesía: Supersalud.
El superintendente de Salud Ulahy Beltrán López firmó un millonario contrato mientras fue director del Hospital Cari de Barranquilla sin la autorización de la junta directiva - crédito archivo Infobae
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El 11 de septiembre la Procuraduría General de la Nación generó cargos contra el exgerente de la ESE Hospital Universitario Cari de Barranquilla, Ulahy Beltrán, quien se desempeña actualmente como superintendente de Salud, cargo al que llegó con el respaldo burocrático del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

De acuerdo con la entidad estatal, Beltrán firmó un millonario contrato por 12 mil millones de pesos con el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, para la operación y la gestión integral de los procesos asistenciales, logísticos, administrativos, financieros de la entidad de salud.

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El ente estableció que Beltrán celebró el contrato sin consentimiento de la junta directiva y: “Dado que el contrato superaba los 5.000 Salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos, el entonces gerente del Hospital Universitario Cari necesitaba autorización de la junta directiva de la referida entidad para iniciar y adelantar el proceso de contratación, según lo establecido en el estatuto de contratación de la ESE”.

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El superintendente de Salud respondió a las acusaciones

Tras conocer el pliego de acusaciones formulado por la Procuraduría, Ulahy Beltrán emitió un comunicado en el que sostuvo que no había sido notificado por la entidad y que no hay condena en su contra porque solamente existe un fallo en primera instancia por el caso del Hospital Cari.

A la fecha no he sido notificado de dicha providencia que, sin embargo, es apenas una endilgación provisional, en proceso que debe agotar la etapa de juzgamiento, en la que ejerceré los derechos de defensa y contradicción, para demostrar la rectitud de mi actuar en el asunto que se disciplina”, dijo Beltrán.

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En otro apartado del comunicado el superintendente de Salud sostiene que: “Si bien es cierto que, por dicho asunto, en sentido adverso, existe un previo fallo de la jurisdicción contenciosa administrativa, se trata de una decisión de primera instancia que oportunamente fue apelada, por lo que actualmente es estudiada por el juzgador de segundo grado, sin que tenga providencia en firme”.

Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, anunció que las medidas impuestas a las dos IPS indígenas se dieron por fallas en la atención de niños en estado de desnutrición. Cortesía: Captura de pantalla/Supersalud.
Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, anunció que las medidas impuestas a las dos IPS indígenas se dieron por fallas en la atención de niños en estado de desnutrición. Cortesía: Captura de pantalla/Supersalud.

En relación con el caso, el 6 de julio del año en curso el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró nulidad del polémico contrato firmado por Ulahy Beltrán en el que se le otorgaba la potestad al consorcio Gestor Hospitalario del Caribe para encargarse de la operación del Hospital Cari durante 15 años a partir del 2020, incluyendo posibles convenios comerciales y demás. La adjudicación del contrato se hizo a espaldas de la junta directiva del centro médico y del entonces gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

Adicionalmente la entrante gobernadora del Atlántico Elsa Noguera promovió la liquidación de cuatro entidades hospitalarias de Barranquilla, entre esas el centro médico Cari, continuando con el proceso de anulación del contrato celebrado por Beltrán.

Al respecto, el superintendente Beltrán declaró en su momento: “Hay un contrato suscrito a partir de un proceso de contratación directa, una vez resultó fallida la convocatoria pública, porque se declaró desierta el 20 de diciembre (del 2020). En consecuencia y ante las facultades que normativamente tenía desde la gerencia, se dio el escenario de la contratación directa”.

Tras la decisión jurídica de anular el contrato el consorcio interpuso una demanda por 646 mil millones de pesos, alegando el incumplimiento de los acuerdos pactados en la firma del documento.

“En cumplimento de nuestro deber legal vamos a defender los derechos de los usuarios a tener un adecuado servicio público de salud, que se requiere de manera prioritaria, particularmente en estos momentos de pandemia”, sostuvo el consorcio; sin embargo, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la solicitud de indemnización.

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