“Impone nuevas cargas”: medida del Gobierno Petro divide a hoteles, agencias de viajes y plataformas digitales en Colombia

Un nuevo borrador del decreto sobre el Registro Nacional de Turismo (RNT), sistema de información y registro público obligatorio para todos los prestadores de servicios turísticos, abrió un choque entre gremios del turismo, el alojamiento y la economía digital en Colombia. La división se centra en el alcance de la propuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para modificar el régimen del RNT y las reglas aplicables a las plataformas digitales que facilitan servicios turísticos. Unos gremios alertan por nuevas cargas para las viviendas turísticas y por posibles excesos regulatorios, mientras otros piden cerrar cuanto antes la reglamentación para verificar requisitos que, según sostienen, ya exige la ley.

Los cuestionamientos y respaldos surgieron ante la divulgación del proyecto, que en distintos pronunciamientos aparece descrito como nuevo borrador y como segundo borrador. El debate también se alimentó de varios meses de diálogo con el Gobierno y de más de diez mesas técnicas de trabajo, según los comunicados de los sectores involucrados.

Asohost y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce) afirmaron que la propuesta “impone nuevas cargas para los emprendedores de viviendas turísticas que ofrecen plataformas digitales, equiparándolas con la hotelería tradicional, pese a las diferencias entre ambos modelos”. También advirtieron que el texto se publicó cuando faltan pocas semanas para el cambio de gobierno y que podría afectar a miles de emprendedores y familias.

Los reparos de los gremios de alojamiento y economía digital

Asohost y la Ccce sostuvieron que participaron en mesas de trabajo con el Ministerio, emprendedores y plataformas digitales, pero que el resultado no recogió sus planteamientos. “Aunque se reconoce que existieron mesas de diálogo entre Gobierno, agremiaciones, emprendedores y plataformas digitales, la realidad es que ninguna de las recomendaciones presentadas en esos espacios fue incorporada al texto publicado”, señalaron.

A ese bloque crítico se sumaron la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), la Asociación Latinoamericana de Internet y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. En un comunicado fechado en Bogotá D. C. el 7 de julio de 2026, las organizaciones dijeron que “expresamos nuestra preocupación frente al segundo borrador del decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.

Los gremios afirmaron que el borrador agrega una carga documental para los prestadores de vivienda turística. También cuestionaron la creación de un sistema de interoperabilidad sin claridad sobre su funcionamiento ni sobre los recursos para ponerlo en marcha.

Según ese pronunciamiento, la responsabilidad recaería sobre las cámaras de comercio. A juicio de las organizaciones, eso podría generar dificultades operativas y retrasos en el funcionamiento del registro.

Las dudas legales y operativas sobre el decreto

Los cuestionamientos también apuntaron al alcance jurídico del proyecto. Los gremios firmantes sostuvieron que el desarrollo reglamentario del Ministerio “excede la potestad reglamentaria que le confiere la Constitución Política”.

Dichas organizaciones afirmaron además que el proyecto “traslada a privados funciones de inspección vigilancia y control que la ley reserva a las autoridades competentes”. También dijeron que modifica por esa vía la calidad jurídica de los prestadores, un asunto que, según su lectura, ya definió la Ley 2068 de 2020.

Además, reclamaron que el Ministerio incorpore los aportes técnicos presentados por el sector y fortalezca los espacios de diálogo con tiempos adecuados. También señalaron que Colombia necesita un entorno normativo con estabilidad, reglas claras y respeto por el principio de legalidad.

Los gremios que piden acelerar la reglamentación

Frente a esas críticas, Cotelco respaldó la publicación del borrador y dijo que el trámite responde a una solicitud que el gremio había planteado al Gobierno. El presidente ejecutivo del gremio, José Andrés Duarte, afirmó que “para nosotros la publicación de este decreto es muy importante; esperamos que avance este trámite. Sin duda alguna, ha sido una solicitud del gremio”.

Duarte sostuvo que el punto de fondo no es solo la existencia del registro, sino la verificación de las condiciones exigidas para operar. “La ley ya exige una serie de requisitos para que los prestadores de servicios turísticos en Colombia puedan operar. Y no es solamente el Registro Nacional de Turismo. Lo que estamos viendo es que, por cuenta de la entrega de un Registro Nacional de Turismo, se están obviando los cumplimientos de estas leyes y de estas normas exigibles”, afirmó.

Agregó que una parte de los prestadores cumple con las obligaciones legales, pero otros operan sin atender esos requisitos o usan registros que no corresponden a la realidad. “Estamos viendo una buena cantidad de prestadores que ponen un Registro Nacional de Turismo que ni siquiera existe. Así es que estas son las problemáticas que este decreto busca abordar”, dijo.

La misma postura expresó el Consejo Turístico Colombiano (Ctur), integrado, entre otros, por Anato, Cotelco, Acolap, Acoltes, Aditt, Iata, Astiempo y Asobares. Ese bloque aseguró que “resulta urgente culminar este proceso regulatorio”.

Ctur también advirtió: “El país no puede seguir permitiendo que el Registro Nacional de Turismo sea otorgado o renovado sin la verificación efectiva de requisitos que ya se encuentran establecidos en la ley y en las normas vigentes”. En el pronunciamiento, agregó que el decreto busca reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la confianza para los actores del sector.

El peso económico del debate sobre el registro turístico

Los gremios críticos apoyaron su posición en cifras de crecimiento del sector. Según esos datos, en marzo de 2026 la llegada de visitantes no residentes aumentó 6,7% frente al mismo mes del año anterior.

También afirmaron que la actividad desarrollada por plataformas digitales de alojamiento generó en 2024 un impacto económico superior a 10,6 billones de pesos y respaldó más de 215.000 empleos en el país. Añadieron que el gasto de los viajeros a través de estas plataformas dejó más de 9 billones de pesos en restaurantes, transporte, comercio y operadores turísticos.

De acuerdo con esas cifras, los restaurantes recibieron cerca de $2,8 billones. El entretenimiento obtuvo $2,1 billones y las compras en comercios representaron alrededor de $2 billones.

Asohost y la Ccce también señalaron que, a 2025, el RNT había crecido más de 109%, como señal de su papel en la formalización del sector. En esa línea, advirtieron: “Este borrador representa un nuevo golpe para un sector que hoy impulsa el empleo y el crecimiento económico del país. La regulación es necesaria, pero hacerlo imponiendo cargas que desconocen las diferencias entre los modelos de alojamiento puede terminar afectando a miles de familias y pequeños emprendedores”.