Alcaldesa de Santa Marta será enviada a la cárcel por desacatar un fallo de tutela

Después de que la Personería de Santa Marta denunciara el desacato a un fallo de tutela para proteger a los estudiantes de un plantel educativo, en las últimas horas fueron condenados por un juez penal Virna Johnson, alcaldesa de la ciudad; Deiby Cotes Mier, secretario de Educación y el gerente de infraestructura del Distrito.

Según dictamina el fallo, los tres funcionarios estarán tras las rejas por cinco días y deberán cancelar la suma de $5.800.000 cada uno, como consecuencia de la omisión del fallo de tutela proferido el pasado 24 de julio por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de Santa Marta, dando la razón a la Personería sobre una denuncia que alertaba sobre el riesgo de colapso de al menos el 50% de la infraestructura del colegio El Carmen.

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La Personería publicó que la orden penal se dio después de que la “Alcaldía Distrital, la Secretaría de Educación y a la Gerencia de Infraestructura Distrital de Santa Marta no acreditaron las gestiones suficientes antes que iniciara el segundo semestre académico, tendientes a prevenir el riesgo inminente que presenta la infraestructura del plantel educativo, de conformidad con lo ordenado por el Juzgado de tutela”.

Y es que el fallo de tutela que hoy tiene en problemas penales a los funcionarios públicos tratan de una queja interpuesta por el personero distrital de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, quien después de varias visitas de inspección pudo determinar que la Institución Educativa Distrital El Carmen operaba apenas con el 50% de su capacidad instalada.

Además, el ente de control también reportó una amenaza por el desplome de algunas partes de la edificación, específicamente del segundo piso y parte del primero del plantel educativo. Después de los hallazgos, a través de una acción constitucional de tutela, la Personería de Santa Marta pidió al Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes que se garantizara la protección de los derechos de estos jóvenes estudiantes.

En julio de 2023, un juez ordenó Alcaldía Distrital, la Secretaría de Educación y la Gerencia de Infraestructura Distrital de Santa Marta, además del rector de la Institución Educativa El Carmen, tomar medidas urgentes para priorizar la educación y la seguridad de los estudiantes de ese plantel, entre las que destaca adelantar todas las gestiones administrativas y financieras necesarias para reparar la infraestructura escolar.

En su momento, el personero Edwar Orozco resaltó la decisión que consideró como histórica, afirmando que su “deber es velar por los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, como los niños y adolescentes. No podemos permitir que sigan estudiando en condiciones precarias que ponen en riesgo sus vidas y su futuro. Esta orden judicial es un paso crucial hacia la protección de sus derechos y la mejora de su educación”.

Sin embargo, después de cumplirse más de un mes desde la sentencia, los funcionarios no presentaron pruebas suficientes ante el juzgado de la gestión adelantada, lo que llevó a la decisión del despacho.

No es la primera solicitud para proteger la educación de Santa Marta

Según informaron desde el órgano de control distrital, la educación de la ciudad samaria se encuentra en un estado crítico. De hecho, el pasado mes de abril lograron detectar un incumplimiento por parte del proveedor encargado del Plan de Alimentación Escolar de los colegios públicos de Santa Marta.

En su momento, la Personería le solicitó a Virna Johnson declarar el incumplimiento del contrato, después de comprobar que las raciones no eran entregadas conforme a la escala de alimentación de acuerdo al grado escolar. Además, en algunas cocinas y comedores escolares se evidenció la falta de utensilios para preparar y servir los alimentos del programa a los estudiantes beneficiados, lo que representaba un riesgo en salubridad.

Según señaló la Personería, también existieron inconsistencias en la contratación de personal encargado de la preparación de los alimentos para al menos 51 mil estudiantes, reportando vulneraciones en los pagos de seguridad social.

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