Violencia en Arauca: Iván Velásquez anunció intervención militar tras enfrentamientos de disidencias y ELN

El ministro de Defensa también dio a conocer que habrá un operativo similar en Catatumbo para recuperar el control territorial de municipios como Tibú, cuyo alcalde fue desplazado por amenazas

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El ministro de Defensa, Iván
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, planteó que la intervención militar espera tener los mismos resultados de la Operación Trueno que recuperó el control en el Cañón del Micay, en Cauca - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En medio de la crisis de violencia que se vive en Arauca por cuenta de la crisis de violencia presentada tras enfrentamientos del ELN con integrantes del Estado Mayor Central de las Farc (EMC) al mando de alias Iván Mordisco, desde el Gobierno nacional emitieron duros pronunciamientos y anunciaron medidas para recuperar el control de municipios como Tame y Puerto Rondón. Allí, ambas estructuras ilegales protagonizaron fuertes combates que dejaron nueve muertos.

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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, habló de los casos de reclutamiento forzado tanto de las disidencias como del ELN y dijo que cualquier hecho de este tipo contra menor de 18 años se entenderá como forzado. En esa medida, aseguró que esto configura una violación al derecho internacional humanitario (DIH).

De paso, dio a conocer que en Arauca hay una importante intervención militar para garantizar la seguridad en las zonas más críticas y dijo que el Ejército llevó a cabo operaciones que impidieron la confrontación entre los dos actores al margen de la ley.

“Ahora mismo que se conoció esta situación de la confrontación entre el Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional, también se insertaron unos pelotones para que intervinieran”, agregó el ministro al respecto.

En ese sentido, agregó que estas labores de intervención se llevan a cabo en simultáneo en otras zonas del país como Cauca a través de la Operación Trueno (que permitió el control territorial en el Cañón del Micay) y el municipio Tibú (en Catatumbo, Norte de Santander), donde las Fuerzas Militares también hacen acciones de registro y control ante acciones violentas contra civiles.

El jefe de la cartera de Defensa Nacional sostuvo sobre estos hechos que ya hubo un encuentro con el alcalde de Tibú, Nelson Leal López, que espera también realizar operativos similares a los de Argelia (Cauca) para que el Estado tenga el control sobre este territorio y pueda regresar al municipio a despachar, pues tuvo que irse por amenazas de grupos ilegales.

A este anuncio se sumó la oficina del alto comisionado para la Paz (Oacp), que durante la tarde del miércoles 6 de septiembre instó al EMC y al ELN a detener los ataques violentos para evitar los hechos de confinamiento y desplazamiento de parte de la población en ese departamento.

“Llamamos al ELN y EMC-Farc a desescalar la confrontación y permitir el retorno y el desconfinamiento de la población de Arauca. Trabajamos para lograr liberaciones de miembros de ambos grupos en cumplimiento del DIH. Proteger la vida para que la paz sea posible”, manifestó la entidad a cargo de Danilo Rueda.

Este llamado de la entidad fue emitido horas antes del pronunciamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego bilateral con el ELN sobre la instalación de la instancia regional de este dispositivo en Arauca.

En días pasados, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por los fuertes cruces entre los grupos ilegales y las situaciones de confinamiento y desplazamiento en comunidades de la vereda Sibreia 1 de Tame.

“Los combates tienen inmerso en un ambiente de permanente temor y zozobra a los habitantes del sector. Hay cuerpos sin vida de combatientes cuyo proceso de levantamiento está en manos de las autoridades”, señaló la Defensoría en ese momento sobre los cadáveres que fueron recogidos por tropas del Ejército.

La entidad a cargo de Carlos Camargo recordó otras alertas emitidas para atender el conflicto entre grupos al margen de la ley en el municipio Puerto Rondón.

Allí, cerca de 300 familias fueron confinadas en el sector conocido como Marreros, centros educativos y casas comunales. Otras 180 tuvieron que desplazarse entre veredas por riesgo a atentados contra sus vidas en medio del fuego cruzado.

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