
El proceso judicial que afronta Nicolás Petro Burgos por la supuesta entrada irregular de dinero a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, está en incertidumbre desde que su segundo abogado, el penalista David Teleki, renunció.
Por eso, el acuerdo de colaboración que había suscrito el hijo del Presidente con la Fiscalía está pausado, pero por lo pronto logró libertad condicional a cambio de entregar toda la información que pudiera.
De acuerdo con información entregada por el diario El Tiempo, el acuerdo de colaboración estaría tambaleándose porque podría tener vicios de legalidad debido a que prácticamente tendría que declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, Day Vásquez (que legalmente todavía tiene esa condición).
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Además, según le dijo una fuente al medio mencionado, Petro Burgos todavía no tiene denuncias en contra por robo, abuso de confianza o por el uso indebido de los dineros que supuestamente iban para la campaña, así que tiene la posibilidad de no entregar información sobre ese tema y podría tomar esa decisión.
Esa misma fuente indicó que Máximo Noriega envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando al ente acusador por un supuesto abuso de poder en contra del hijo del Presidente y que, incluso, señala al fiscal del caso, Mario Burgos, de ejercer presiones indebidas en contra Petro Burgos
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A pesar de estas denuncias, según indicó la fuente, el hijo del mandatario ha entregado varias declaraciones a la Fiscalía en los que ha mencionado varios nombres, aunque todavía no se ha firmado preacuerdo o principio de oportunidad.

Uno de estos nombres es el del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, que aparece en un audio hablando con quien sería Laura Sarabia acerca del aporte de “15 mil barras” a la campaña de Gustavo Petro en la costa Caribe.
Otro de los mencionados es el empresario Euclides Torres, cabeza del clan Torres, que es muy cercano al Pacto Histórico y a Armando Benedetti, y que estaría vinculado a empresas que han sellado contratos con el Estado. Adicionalmente, se ha nombrado a un abogado cuyo nombre solo conocen por ahora los investigadores de la Fiscalía, y que es ajeno a la defensa de los procesados.
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Parte de la información que ha revelado Nicolas Petro en sus interrogatorios sería de pleno conocimiento de su expareja, Day Vásquez, que ha dicho a través de sus redes sociales que está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario con la justicia.
Por ahora resta esperar que estrategia de defensa tomará el nuevo apoderado de Petro Burgos, el penalista Diego Henao, que podría tomar la misma línea que llevaba David Teleki o tomar otro rumbo. De tal manera que estaría por verse el acuerdo de colaboración entre el hijo del Presidente y la Fiscalía General de la Nación.
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Los nombres que faltarían por delatar
Nicolás Petro todavía tendrá que declarar contra otras personas involucradas y esclarecer la participación de quienes han sido mencionados hasta el momento.
El ente acusador sostiene que Petro Burgos utilizó más de mil millones de pesos de procedencia irregular. Según lo dicho por Day Vásquez, parte de esos recursos habrían sido entregados por Santander Lopesierra, un ex narcotraficante conocido como El Hombre Marlboro, que ahora es candidato a la Alcaldía de Maicao, y Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, quien a través de su hijo Gabriel Hilsaca le hizo llegar varios millones. La Fiscalía señaló que ambos habrían aportado más de $800 millones de pesos al hijo del Presidente durante el 2022.
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El fiscal Mario Burgos señaló que Petro también recibió dineros de empresarios de la ciudad de Cúcuta que le llevaron fajos de billetes a su apartamento en el barrio Rosales, en el nororiente de Bogotá. Estos nombres no fueron mencionados en la imputación, solo su perfil, aunque sí los conocería la Fiscalía.
También aparece mencionado un hombre descrito por el fiscal del caso como un “mega contratista” que le dejó a cargo de Petro Burgos una camioneta Thoe JCZ-858 en la que el diputado se movilizó durante el tiempo de campaña. Sería Juan Manuel Sarmiento Mejía, empresario del Meta, quien ha sido investigado por el Consorcio Vía Puente Armenia por parte de la Contraloría.
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En la imputación también resultó mencionado Máximo Noriega, que esperaba recibir el aval para la Gobernación del Atlántico, pero a raíz de sus vínculos con el hijo del Presidente la coalición decidió negarle la autorización para inscribirse como candidato.

La Fiscalía ha puesto principal interés en la movilización de los recursos que se hicieron en efectivo entre Bogotá y Barranquilla, debido a que se habría intentado evitar que quedaran registrados movimientos financieros. De hecho en las cuentas del diputado no hubo anomalías porque allí solo recibió su salario como asambleísta.
Entre ellos aparecería Camilo Burgos Soto, un primo materno de Nicolás Petro. Juntos han hecho negocios desde el 2018 y según Day Vásquez él era mano derecha del diputado del Atlántico, además un posible operador político que estuvo presente en numerosos eventos y reuniones durante la campaña presidencial en compañía de su familiar.
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Burgos Soto y Germán Londoño, así como una tercera persona llamada Melissa, fueron señalados por el fiscal de ser quienes aparentemente le ayudaron a Nicolás Petro a llevar las maletas llenas de cientos de millones de pesos hasta Barranquilla, donde habría realizado los negocios irregulares que le permitieron a la Fiscalía identificar el presunto enriquecimiento ilícito.
Las propiedades que compró fueron puestas a nombre de un tío de Day Vásquez, César Emilio Vásquez Buendía, quien aparece como titular de una mansión en el norte de Barranquilla avaluada en $1.600 millones, con promesa de compraventa por parte del diputado, y un lote en Tubará. Así mismo, el Mercedes Benz fue puesto a nombre de una mujer identificada como Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta.
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Las Fiscalía no descarta que dentro del caso, como señaló el fiscal Burgos, pueda haber delitos contra la administración pública. Durante la audiencia de imputación no se hizo referencia a la procedencia del dinero y si este podría tener un origen ilícito. Por lo pronto se investiga que fueron recursos que el diputado, como funcionario público, no declaró y en cambio intentó ocultar para no generar sospechas ante las autoridades y la opinión pública por la ostentosa vida que empezó a disfrutar.
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